Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La construcción de una paz con justicia social de carácter estable y duradero dependerá en buena parte de que el gobierno cumpla con las promesas que aparecen consignadas en el acuerdo final suscrito en La Habana (Cuba), entre otras atinentes a los planes de desarrollo integral para el campo, y en donde se dice que se destinarán los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de dichos planes para su transformación estructural con el concurso de las entidades territoriales.
Este compromiso constituye uno de los aspectos más importantes y relevantes del acuerdo, en tanto se busca resolver aunque de manera parcial una de las cuestiones más álgidas y generadoras del conflicto armado como es el problema de la tenencia de la tierra, de la cual fueron despojados los campesinos y los trabajadores del campo por los terratenientes y ganaderos con la complacencia del régimen hasta nuestros días en que grandes empresarios nacionales y extranjeros, interesados en desarrollar la gran producción agroindustrial de la caña de azúcar y del etanol, la palma de aceite, la producción de cereales y alimentos para el mercado interno y externo, contribuyendo a una mayor concentración de la propiedad territorial.
Para darle cumplimiento al acuerdo en esta materia se creará un fondo de tierras para la reforma rural integral, cuyo objetivo es democratizar la tenencia de la tierra, el cual dispondrá de tres millones de hectáreas durante los primeros diez años de su creación. Dicho fondo se nutrirá -según se dice en el acuerdo- con las tierras provenientes de la extinción de dominio, los predios inexplotados por incumplimiento de la función social y ecológica y la recuperación de los baldíos de la Nación y de la reserva forestal, además de los predios que podrá adquirir el Estado con destino a la restitución de las tierras a los campesinos.
Así mismo se dice en el acuerdo que se privilegiará a los beneficiarios y beneficiarias con créditos, subsidios y por supuesto con el acceso a la tierra, educación, salud, vivienda, capacitación técnica, etc., como parte esencial del desarrollo integral a que se compromete el Estado. Al mismo tiempo el gobierno se compromete a formalizar la pequeña y mediana propiedad con el propósito de garantizar su seguridad jurídica.
Por otra parte se busca asegurar el retorno de las personas que fueron desplazadas por la violencia y en especial de la mujer cabeza de familia, en un acto de justicia social contra el despojo violento y criminal de cientos de miles de campesinos de sus tierras.
Todo este proceso tendrá que ser parte de un gran plan nacional integral de desarrollo rural que tenga como base de sustentación material la construcción de infraestructura vial, eléctrica para la transformación del campo y su relación con la ciudad en lo tocante con la producción y distribución de alimentos y cereales para el mercado interno y externo respectivamente, además de la dotación de los servicios básicos esenciales a las zonas rurales para atender las necesidades de la población campesina.
Un aspecto muy importante de los acuerdos tiene que ver con lo atinente a la participación de los ciudadanos, la cual no podrá reducirse como ha sucedido hasta ahora a una simple instancia de comunicación e información de las decisiones asumidas por las diferentes agencias e instancias del gobierno nacional, local o regional, toda vez que los planes y programas en materia de transformación y ejecución de los acuerdos deberán lograrse con el concurso de los ciudadanos a partir del debate y la discusión de los temas esenciales como única garantía de su cumplimiento al que están obligados los funcionarios del Estado, respecto de aquellos asuntos que afecten de manera directa o indirecta a los campesinos, trabajadores del campo, pequeños y medianos propietarios en su vida económica, política, social, ambiental, cultural, etc.
Los ciudadanos deberán realizar el seguimiento y evaluación de los programas no solo porque así se establece en los acuerdos si no porque además constituye un derecho inalienable y a la vez una obligación perentoria del gobierno de turno. Todo esto tendrá por objeto y finalidad lograr que los acuerdos suscritos entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno del presidente Santos no se conviertan en una simple formalidad legal sino en una palpitante realidad, a fin de evitar lo que siempre ha sucedido en el pasado con las promesas incumplidas de los gobiernos en materia de reforma agraria que hoy más que nunca requiere el país y demandan todos los colombianos como parte sustancial del crecimiento y desarrollo de la economía nacional.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social