Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El proyecto de acuerdo mediante el cual se cobrará una tasa por congestión y medio ambiente de $2.578.680 anuales para quienes quieran circular durante la restricción que les corresponde en pico y placa, aprobado en el Concejo Municipal, lejos de organizar la ciudad mediante su planificación integral, atenta contra los principios y valores del pueblo colombiano y en especial de los caleños, al promover el pago de dinero para no cumplir con las leyes y normas del Estado.
Independientemente de las ostensibles violaciones a precisas normas Constitucionales, al contenido del artículo 33 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y al parágrafo del artículo 209 del Plan de ordenamiento Territorial de la ciudad, la tasa aprobada es eminentemente fiscalista, pues el propósito de recaudar recursos para el sistema de transporte masivo a pesar de las grandes sumas que se le han inyectado en los últimos años con destino a los operadores privados apelando siempre al argumento de mejorar la oferta de buses con beneficio de los usuarios, hasta la fecha no se ha cumplido debido a la quiebra técnica, financiera y operativa del sistema que no se soluciona con la entrega de recursos.
El Pico y placa a los vehículos particulares fue implementado para restringir su circulación en horas “pico”, es decir, con mayor afluencia vehicular o demanda excesiva correspondiente a las primeras horas de la mañana, cuando se desplazan las personas a sus lugares de estudio y de trabajo y al terminar la tarde, de regreso al hogar. Dicha medida extrema hace parte de lo que denominan “gestión de la demanda” tendiente a hacer mejor uso de las escasas vías en la ciudad.
La ciudad continúa con escasez de vías a pesar del oneroso y mal diseñado plan de las 21 mega obras y sin embargo la actual administración acude a las decisiones facilistas de siempre como son las de corte fiscal sin atender a que de esta manera se da prevalencia al uso del dinero para estar por encima de la ley.
Además la ciudad y los caleños no obtendrán beneficios en cuanto a la movilidad y al contrario, su calidad de vida desde el punto de vista del transporte se desmejorará en primer lugar, al no poder acceder a vías suficientes y en buen estado para desplazarse y en segundo lugar, se acentuarán aun mas, las diferencias socio económicas frente a quienes pueden pagar por no cumplir la ley. De esta manera, mediante normas drásticas como el pico y placa se les restringen derechos fundamentales a los caleños como el de la igualdad, al no poder desplazarse fácilmente a su lugar de trabajo y regresar a la casa porque el Municipio no les ofrece un eficiente y ágil servicio público de transporte.
En este sentido habrá que decir que el actual concejo municipal con algunas excepciones continúa haciéndole sesgos a la ley, golpeando a todos aquellos ciudadanos que viven de su trabajo y utilizan su vehículo para transportarse al sitio donde laboran o de regreso a sus casas, circunstancia ésta que demuestra el afán de la corporación edilicia de incrementar los recursos del municipio que hoy se utilizan en buena parte para satisfacer a través de la contratación pública intereses y necesidades de algunos sectores particulares so pretexto de la defensa del interés general.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social