Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
No obstante todas las dificultades y tropiezos por las cuales ha atravesado el proceso de paz y las diferentes y contradictorias interpretaciones sobre el contenido de los acuerdos, se ha llegado finalmente a la terminación formal del conflicto armado con las FARC-EP en Colombia, precedido de un cese bilateral y definitivo del fuego y de las hostilidades entre los actores del mismo. El acuerdo final y definitivo de paz suscrito por los negociadores será refrendado e implementado posteriormente.
Dicho instrumento contiene un gran valor social y político en la medida en que introduce algunos cambios significativos que de convertirse en realidad permitirán superar las viejas condiciones existentes por ejemplo en materia de desarrollo económico, rural y campesino para la construcción de un nuevo modelo en esta materia mucho más acorde con las necesidades y exigencias del progreso y bienestar social y económico en el campo y en sus relaciones con la ciudad.
Desde luego que los avances en esta materia deberán desarrollarse ligados con la lucha social que libre el pueblo colombiano en su conjunto, la cual no se debe limitar a la simple acción constitucional y legal, sin caer en simples prácticas reformistas que tienden a generar cambios para que todo siga igual o lo que es peor, para continuar bajo otras formas y modalidades el estado de cosas –statu quo-, oprobiosas y violentas con las cuales ha sido victimizado el pueblo colombiano durante varias décadas.
En este sentido será necesario tener en cuenta la historia del país para no repetirla, pues una cosa es haber acordado la terminación del conflicto armado y otra, es construir la paz con justicia social, particularmente en momentos en que desde diversos sectores económicos, políticos y sociales, acostumbrados a vivir de la violencia y en medio de la misma, persisten en colocarle como se dice en el argot popular, palos en la rueda al proceso mismo de la paz, que no podrá salir adelante sí además se carece de la suficiente claridad ideológica y política sobre su verdadero alcance y significado esencial, o se escogen equivocadamente los caminos para convertirla en una realidad posible y segura, lo que implica tener en cuenta las condiciones reales de nuestro acontecer histórico, que demanda de los sectores democráticos y progresistas la necesidad de estar atentos y dispuestos a defender el proceso de paz de las pretensiones y acciones de los partidarios y defensores de la guerra disfrazada de paz armada, que buscan reversar dicho proceso o simplemente acomodarlo a sus intereses contrarios al espíritu de convivencia pacífica y de no repetición de la tragedia vivida desde hace más de 50 años y que conmueve al país desde lo mas profundo de las regiones en donde ha tenido lugar la confrontación armada.
Finalmente habrá que decir que las contradicciones que surjan de la vida real y las que se deriven de la materialización del acuerdo final, deben ser examinadas con un criterio amplio y suficiente, sin caer en posiciones eclécticas producto de la unión arbitraria de teorías, opiniones, conjeturas y sofismas de distracción que inducen al error en aquellos casos en donde hay que aplicar con firmeza el sí o el no sobre lo acordado y definido por las partes contendientes.
Siempre hemos dicho que de lo que se trata es de cumplir rigurosamente con las tareas y compromisos suscritos por los actores del conflicto y con los sectores políticos y sociales comprometidos con el proceso de paz y por tanto con la sustitución de la violencia fratricida por la construcción pacífica de una vida nueva que fortalezca la paz frente a la guerra que constituye lo viejo y contrario al progreso, al bienestar general y a la construcción de una amplia democracia como garantía de paz para la Colombia de hoy y de las futuras generaciones de colombianos.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social