Por: Gilberto Loaiza Cano
Profesor de la Universidad del Valle
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha anunciado, a su manera, que está dispuesto a dar su brazo a torcer y que va a retirar su propuesta de reforma a la educación superior en Colombia.
"Demostraron que hay una generación capacitada para discutir con argumentos sólidos y con métodos ingeniosos de protesta y le enseñó al izquierdismo dogmático que es mejor la alegría y la preparación intelectual…"
El solo anuncio ya es un pedazo de triunfo para el deleite de nuestros estudiantes, los principales constructores de esta movilización que hizo declinar el propósito de un gobierno de imponer una reforma de muy mala calidad, cuya única virtud fue la de servir de pretexto para congregar muchas voluntades y poner a discutir, esta vez muy en serio, acerca de cuáles deben ser los verdaderos contenidos de una reforma a la educación en un país que no sale del atolladero de la violencia política, que desperdicia sus recursos en el presupuesto militar y que posee una de las cifras mundiales más indignantes en la desigual distribución de la riqueza.
Los estudiantes nos han enseñado varias cosas. Al gobierno le demostró que hay un contingente generacional capacitado para discutir con argumentos sólidos y con métodos ingeniosos de protesta; le enseñó al izquierdismo hirsuto y dogmático que es mejor la alegría, la preparación intelectual, la conversación con sustento estadístico e histórico; les enseñó a los profesores universitarios – a sus maestros- que en algunas circunstancias de la vida no vale el término medio, la ambivalencia o, como decimos entre nosotros, pasar de agache. Los estudiantes han desnudado un movimiento profesoral medroso y cómplice que, muchas veces, ha actuado a favor de la privatización de lo público. Y le han mostrado a esta sociedad del miedo, llamada Colombia, que todavía es posible conseguir algo mediante una protesta sostenida, organizada y festiva.
El anuncio del presidente Santos puede ser el inicio de un nuevo capítulo de este movimiento universitario, que consiste en preparar un escenario de discusión de lo que debe ser la educación –no solamente universitaria- en un país lleno de frustraciones como es Colombia. Hasta ahora ha quedado claro que el Estado tiene que ser responsable del derecho fundamental a la educación y que no se trata de una masificación a bajo costo y en desmedro de la calidad. Pero se ha puesto en evidencia que el temario es mucho más amplio; esta coyuntura ha vuelto los ojos sobre cómo han venido funcionando nuestras universidades, cómo han sido dirigidas, quiénes las han usufructuado. Por eso, un punto crucial de discusión va a ser, suponemos, el de la autonomía universitaria, el de la puesta en práctica de criterios democráticos y meritocráticos en el gobierno de las universidades. Mientras hubo esta movilización audaz y valiente en contra del proyecto de reforma gubernamental, en algunas de nuestras universidades fueron designados rectores por el recurso anti-universitario de consejos superiores compuestos de agentes externos a las universidades que esos rectores van a dirigir. Los rectores han sido, así, elementos ambiguos de los que no se sabe con certeza si son representantes de grupos empresariales y políticos regionales o representantes genuinos de una comunidad universitaria a la que le deben rendir cuentas de sus actos.
La investigación en la universidad también se ha puesto en debate; investigación aplicada según las demandas empresariales; investigación según exigencias de pertinencia externas o investigación que corresponda con las tradiciones y expectativas de comunidades científicas. Investigar para ayudar a concentrar la riqueza en unos pocos, o investigar para poner en cuestión el modelo económico, el orden social y el sistema de valores.
Si esta movilización universitaria, con el liderazgo indiscutible de los estudiantes, ha obligado al gobierno de Santos a dar un paso atrás, entonces es muy posible que en las universidades públicas colombianas logremos, al menos, lanzarles una advertencia a quienes han sido, hasta ahora, los responsables –por convicción u obediencia- de la privatización de lo público; a esas familias de políticos disfrazados de profesores universitarios que han puesto los recursos públicos en función de intereses particulares y que han encontrado en las fisuras reglamentarias la prolongación casi monárquica en cargos de dirección. El comportamiento ambivalente de los profesores universitarios revela la tragedia de su condición oscilante entre ser un técnico al servicio del Estado o uno de sus principales críticos; en medio de este dilema hay muchas posibilidades en la tienda de los disfraces.
Tenemos en adelante el desafío de dotar de sustancia la discusión acerca de lo que debería ser la educación en Colombia, a todo nivel, con una posible redefinición de las tareas y prioridades que debe asumir el Estado. Es una encrucijada que, según cómo se resuelva, va a determinar la vida de varias generaciones de estudiantes en Colombia. Eso supo presentirlo el movimiento estudiantil, es un gesto de altruismo histórico que deberá tener alguna recompensa.
Cali, noviembre de 2011