Mejores alcaldías con menos dependencias

Por Benjamín Barney Caldas

Una secretaría de Cultura pues para la educación está el Ministerio; otra de Salud pública; una de Vivienda para los estratos bajos y definir sus normas de construcción; otra de Recreación, para el deporte y los parques; una de Circulación, que sería una autoridad única para todo el transporte público y privado; una de Planeación, para el diseño de vías, equipamientos, plazas y parques; una de vivienda; otra de Hacienda y, finalmente, la de Gobierno, para la convivencia en la ciudad, mediante una Policía Municipal, pues para lo demás está la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia.

Sus respectivos secretarios, constituirían un consejo de gobierno municipal, bajo la dirección del alcalde, similar al Concejo de ministros a nivel nacional, que se encargaría de la orientación socioeconómica del municipio, la coordinación integral de sus diferentes dependencias, la priorización de sus distintas iniciativas, proyectos y obras, y la presentación de sus planes ejecutivos quinquenales al Concejo Municipal para su debate y aprobación, el que posteriormente velaría por su correcta ejecución.

La construcción, administración y mantenimiento de todos los edificios y espacios urbanos públicos lo podrían hacer empresas privadas, a partir de concursos públicos de arquitectura, como ordena la ley, y no a dedo como lo hizo el Alcalde actual. De su ornamento se debería encargar un consejo de patrimonio conformado por representantes permanentes de todas las entidades pertinentes, presidido por el Arquitecto de la Ciudad, como lo hay en tantas partes, quien preserva lo característico del diseño urbano y arquitectónico de su ciudad.

Y la secretaria de vivienda debería dedicarse no solo a la vivienda para ingresos bajos, mediante concursos públicos de diseño, sino también a reglamentar todas las construcciones, y a adquirir tierras continúa y sistemáticamente para poder emplazar correctamente sus principales equipamientos, lo que podría financiar con su posterior y real valorización. El hecho es que la propiedad privada del suelo de nuestras ciudades, que su rápido crecimiento convirtió en un negocio especulativo, ha hecho fracasar uno tras otro todos los intentos de planificarlas.

Las reglamentaciones urbano arquitectónicas deberían ser las menos posibles pero las más contundentes y de muy difícil modificación. Actualmente los usos del suelo cambian constantemente dependiendo de para donde sople el negocio respectivo y su control es en la práctica inexistente. Las alturas y paramentos cambian según los intereses del negocio inmobiliario y, en general, las muchas normas actuales son vergonzosamente interpretables, y no pocas son absurdas. Finalmente, con las Curadurías Urbanas, de nuevo resulto peor el remedio que la enfermedad.

Pero por supuesto tratar de cambiar radicalmente nuestras alcaldías es engañosamente fácil, pues para lograrlo serían indispensables Concejos Municipales ejemplares, lo que en este país y época es imposible en la práctica. Por lo que quedamos en manos de los Alcaldes, y algunos, han demostrado que es mucho lo que puede lograr uno bueno. Pero tendrían que ser reelegibles inmediata e indefinidamente, cuya ventaja se pueden comprobar por todas partes del mundo. Mientras tanto está el voto en blanco.