Por Emilio Escobar Gutiérrez

Ante la abulia o falta de atención al clamor popular de la nueva Administración Municipal de Santiago de Cali en el tema de las ilegales “Megaobras”, ya una gran parte de los ciudadanos abusados nos estamos desencantando de ella y convenciéndonos de su complicidad con la “podredumbre” de sus predecesores.
Es inconcebible que insistan en cobrar la mal liquidada contribución de valorización cuando día a día surgen más argumentos para forzar a su revisión. Habrá obras que se financiarán por regalías, pero nuestras cuentas no disminuyen; otras no se podrán ejecutar por inconvenientes, innecesarias o mal presupuestadas, pero nuestras cuentas no disminuyen; se hacen los sordos ante nuestro reclamo por cobros indebidos de reposiciones de redes de servicios públicos, de reparaciones de vías, de futuros negocios rentables para terceros (???) en la plazoleta de la Caleñidad, pero nuestras cuentas no disminuyen; descubren que más de sesenta mil predios no fueron incluidos en la “repartición” de cuotas de valorización por falencias del inventario catastral de la ciudad, de tal manera que los que sí estábamos allí registrados estamos absorbiendo la parte que a aquellos no les cobran, pero nuestras cuentas no disminuyen.
Y, aunque a todos los propietarios de predios de la ciudad nos quieren obligar a pagar esa aberrante contribución no obstante que en nuestros barrios no nos hayan arreglado siquiera un sardinel, surgen declaraciones absurdas como la del señor Jaime Camacho, gerente de SICALI, quien se atreve a expresar en un periódico local, que “los residentes de barrios como Versalles, Granada y San Fernando, que (sic) se vieron beneficiados con las rehabilitaciones viales contempladas en las Megaobras, tendrán que pagar más por el predial…” ¿Habráse visto desfachatez igual?. Así que, cada vez que el Municipio repare una vía con recursos de los impuestos que para estos menesteres están establecidos desde siempre… ¿hay que subir el predial a los “beneficiados”?. Con razón estamos como estamos.
Definitivamente, los pasos errados que está dando la nueva Administración Municipal, con contadas excepciones como la de la Secretaría de Tránsito, nos está obligando a los sufridos ciudadanos a decretar una desobediencia civil frente a los abusivos cobros de valorización, máxime cuando ya hay algunos funcionarios llamando a los “morosos” con amenazas de embargos y acciones drásticas por el “incumplimiento” en sus pagos de las “Megaobras”.
Necesitamos acciones contundentes para que nuestros gobernantes actúen con moralidad y justicia.