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Cómo defenderse frente al cobro jurídico de las Megaobras

Admin Cali, 25 March, 2012

Hundimiento Avenida Colombia

Por Jaime Salazar C. / Especial para Caliescribe

Tal como lo anunciamos la semana anterior, la administración Guerrero arrancó con el temido ‘cobro jurídico’ para deudas de las tristemente célebres 21 Megaobras; según anunció el director Jurídico de la alcaldía Javier Pachón y el Secretario de Infraestructura y Valorización.

Hundimiento Avenida ColombiaCon la utilización esta ‘amenaza’ legal, más de 300 mil propietarios estarían injustamente abocados, en los próximos días, a responder en procesos judiciales, que terminaran  en procesos de embargo, secuestro y remate los bienes inmuebles.

Frente a ello, muchos ciudadanos caleños no sólo han manifestado temor e incertidumbre por el futuro de sus propiedades, sino que se sienten desprotegidos frente a un gobierno que cambió sus propuestas de campaña y ahora enfila baterías contra los caleños más pobres.

Pero es bueno saber que los propietarios no están solos y que disponen de herramientas jurídicas efectivas para hacer valer sus derechos, y no pagar por lo que no han recibido ni recibirán, pues la alcaldía no dispone de los recursos para terminar las Megaobras en construcción y menos para contratar la Segunda fase por $252 mil millones).

 

Embargos por un cobro injusto

El anuncio de los cobros jurídicos fue analizado por Caliescribe en el artículo ‘Cobro de lo no debido’, y después retomado en el programa radial ‘Ciudad al Aire’ (780AM de Todelar 6-8:00am). Allí muchos caleños llamaron a protestar por los comunicados amenazantes que están llegando a sus hogares de parte de la alcaldía.

Por ello, El Ing. Ramiro Varela, representante de los propietarios frente a las Megaobras, manifestó desde esta tribuna y en varios derechos de petición la ilegalidad del cobro: “Es indudable que los ciudadanos deben oponerse dentro de las vías constitucionales y legales, por ser este cobro coactivo ilegal; no se puede cobrar sobre obras no contratadas ni construidas y por lo tanto desarrollar el cobro coactivo, sería el cobro de lo no debido.”

Pero lo más importante es que, ante las dudosas actuaciones del gobierno local y su tozudez en persistir en el cobro,  se anunciaron buenas noticias para los caleños: el abogado Raúl Tascón Reyes declaró que los propietarios tienen derechos a su favor, como son una serie de recursos jurídicos para evitar que sus bienes sean embargados.

Recurso de Excepción de ‘Pleito pendiente’

Según el Dr. Tascón, la existencia de muchos procesos entre ellos una ‘Acción Popular’ (mecanismo establecido en la constitución, de carácter grupal) que cursa en este momento en el Juzgado 8° Contencioso Administrativo, hace que exista la condición de ‘pleito pendiente’ entre la ciudadanía y el municipio.

La Acción Popular se inició para proteger a los ciudadanos y es a favor del pueblo caleño: ‘‘Tiene que presentar una excepción de pleito pendiente, puesto que esa acción popular es una acción que está favoreciendo a dicho ciudadano” aseguró el abogado.

Como es sabido, las Megaobras propuestas por el ex alcalde Ospina, se iniciaron pero por mala planificación no se iniciaron 8 de ellas, los presupuestos están escandalosamente volados y ellas no se terminaron en su gobierno, ni hay dineros suficientes para terminarlas. El Acuerdo 297 del 2010 fijó como plazo máximo para iniciar su ejecución en dos años, plazo que a la postre se cumplió sin iniciar la segunda fase. Ante este punto el abogado Tascón explicó:

“la resolución que hace la distribución de valorización es una resolución que constituye un contrato, que aunque es un contrato impositivo y llamados de adhesión que lo redacta la administración pública; este también tiene que ser cumplido por parte de la administración y si la administración no ha cumplido el contrato como es lo que está sucediendo en este momento al no poder realizar todas las obras por las cuales están cobrando dicho dinero; por ende, lógicamente habrá también una excepción de contrato no cumplido por parte de la administración” explicó Tascón Reyes.

Y entonces, ¿qué deben hacer los caleños?

Por ser un proceso jurídico sobre un contrato, un ciudadano no puede interponer este recurso por su propia cuenta (como en el caso de una tutela) sino que debe hacerlo a través de un abogado, para lo cual Caliescribe abrirá un Banner en su revista virtual con toda la información y asesoría, tendiente a defender a todos los propietarios de inmuebles afectados con el gravamen. 

En este sentido, los más de 300 mil caleños afectados deben asesorarse por un abogado, bajo la premisa que, mientras se resuelvan las múltiples demandas sobre la ilegalidad de las Megaobras, no podrá ser embargado ni sus predios expropiados.

La administración Municipal en cabeza del alcalde Rodrigo Guerrero se ve abocada a nuevas demandas y procesos jurídicos, y entre tanto, que todos estos ciudadanos interpongan recursos de excepción puesto que los procesos jurídicos no pueden darse hasta tanto no se resuelva los pleitos pendientes, que según el representante de los propietarios Ing. Ramiro Varela de fallarse en derecho y con la verdad, las sentencias serán favorables para la comunidad.

Decisiones equivocadas

El actual burgomaestre está tratando de deshacer el entuerto de la pasada administración a como dé lugar, aún pasando por encima de los miles de caleños pobres, muchos de los cuales (casi el 50%) ni siquiera han podido pagar el impuesto predial el año pasado del 2011.

Tienen pues los caleños esta herramienta jurídica que no deben desaprovechar, ni quedarse solos ante la injusticia, ni muchos menos sentirse desprotegidos frente a una administración que amenaza con argumentos políticos y no con verdaderas razones jurídicas.

De esta manera los ciudadanos contribuyentes sientan que no están solos en esta amenaza que constituye la jurisdicción coactiva para cobrar administrativamente una contribución de valorización cuya legalidad está por ser determinada por la justicia contenciosa administrativa, de tal manera que todos debemos estar pendientes de actuar rápidamente en respuesta al llamado ‘cobro’ coactivo. 

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