El drama de los imputados y sus familias, que deben vagar por los juzgados.
4 años han pasado desde que el palacio de justicia dejó de prestar sus servicios. El atentado explosivo que afectó gran parte de las instalaciones del importante edificio público provocó una estampida de procesos hacia los juzgados repartidos en la ciudad. De una manera desorganizada y sorpresiva, los procesos que se llevaban a cabo en el lugar tuvieron que reinstalarse, con los consiguientes traumatismos burocráticos y ésta fue una ciudad que no pudo adaptarse a ese proceso.
Es evidente cómo el traslado de estos procesos a una serie de juzgados que no estaban acondicionados para las audiencias masivas, y muchas veces ni siquiera contaban con funcionarios apropiados para el desarrollo pleno y humano de un juicio, configura una situación de emergencia que ya está colmando de llamadas perdidas los celulares de altos funcionarios de la república.
La recontrucción del palacio va a paso-tortuga. A la torre A le faltaban 18.000 millones para su conclusión, los cuales ya se consiguieron. Los 18 pisos que serán habilitados en casi en el mes de octubre ayudarán a descongestionar los juzgados, que han visto colmadas todas sus capacidades mientras se soluciona este entuerto, que empezó con un muy pobre esquema de seguridad y terminó en una migración forzosa de los procesos. Sin embargo gran parte de las altiguas oficinas seguirán ubiacadas en oficinas satelites, por lo que la entrega de la torre B es de máxima prioridad.
Paseo de la verguenza
El edificio arboleda alberga los juzgados penales del circuito de conocimiento 1-3-5-8-10 y 14. Temprano en la mañana las madres se ubican en el escaso espacio interior como pueden, reservando desde temprano almuerzos en puestos cercanos, pues conocen las demoras usuales en las diligencias. Es todo un cartel de la alimentación y la tramitología el que se forma alrededor de los juzgados.
Las madres de tres detenidos por acceso carnal violento con menor de edad esperan afuera de los juzgados, en la calle 9 con carrera tercera. María Posada es una inmigrante antioqueña que vaga de juzgado en juzgado hace tres meses, pendiente del proceso de su hijo. “A mi hijo lo juzgan hoy por acceso carnal con menor de edad. Nosotros tenemos el testimonio de la niña, que dice que todo fue consentido, además, de que le había mentido al decirle que tenía 16.”
El hecho de que los imputados deban ser trasladados en un paseo de la vergüenza, a través de todo el sistema legal, que quedó regado por la ciudad, vulnera el derecho a la honra y a la máxima en la que se basa el código penal en Colombia: Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
“Los buses del INPEC lo dejan en esa esquina y tiene que caminar hasta acá, más de una cuadra donde lo llevan esposado, cogido por los hombros, en medio de un escarnio espantoso, que hasta gente que uno conoce se encuentra. No hay nada que justifique ese calvario antes de que la persona sea juzgada“
Y ni siquiera ha sido declarado culpable. “Donde nosotros demostremos que nuestro hijo es inocente deberíamos incluso demandar al estado. Pero no sabemos si jalarle porque el abogado dice que el proceso se volvería mediático inmediatamente y se sometería a mi hijo a un mayor escarnio aún”.
La señora Rubiela Gómez lleva dos semanas de trabajo perdidas, mientras intenta solucionar su situación. Actuando a través de un apoderado instauró, como última opción, una acción de tutela contra el antiguo I.S.S. Para poder llevar su proceso a esta sala tuvo que ser favorecida por la corte constitucional que le otorgó el derecho a escoger la especialidad del juez de tutela competente para su acción.
Jairo Vergara, apoderado de Rubiela, afirma que el desplazamiento (de personas y de información) entre juzgados puede realmente dificultar un proceso. Ir de un juzgado a otro se ha convertido en una experiencia especialmente traumática, por dos factores. Primero, los procesos no se adelantan y se pierde tiempo sólo decidiendo dónde deben ser radicados. Segundo, por efectos del atentado terrorista, todos los procesos que antes se llevaban de una forma organizada en el Palacio, se deben atender en un radio mucho más amplio, que abarca toda la ciudad, aunque se concentra en la zona céntrica.
El alcalde Guerrero ya le dio un ultimátum a los constructores: Cuatros años han sido ya demasiado. Se espera la torre B esté terminada en noviembre y que la habilitación de El Palacio de Justicia, tal como debe presentarse, con todo y bunker, sea una realidad de año nuevo.