Ante lo deficitario que es el Estado por las necesidades básicas insatisfechas que padecen la mayoría de sus habitantes, los Municipios tienen en la contribución de valorización uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo urbano, él cual se ha utilizado con mucho éxito en la ciudad de Cali.
Desafortunadamente llegó una administración municipal como la anterior, sin experiencia, sin tener definido un programa de obras viales en su plan de desarrollo, ni en el programa de gobierno, con sueños no aterrizados de ciudad, improvisación y corrupción, para que finalmente nos metiera en 21 megaobras sin plan de movilidad y sin estudios y diseños definitivos.
Conclusión: No sirvió el plan de obras para mejorar la movilidad entre el norte y el sur, ni entre el oeste y el oriente con el centro de la ciudad; las 13 megaobras en construcción no tienen plata para ser terminadas, las 8 faltantes no se pueden contratar con los recursos “inexistentes” de valorización y han metido al nuevo gobierno municipal a sostener lo insostenible:
- Que se van a construir la totalidad de las megaobras, cuando no hay plata para ello, por los costos adicionales.
- Que se van a embargar a todos los morosos de la contribución de valorización, empezando por grandes contribuyentes de estratos 5 y 6, más lotes, industrias y comercio grandes, cuando el Municipio no cumplió con 8 megaobras que valen más de $500 mil millones, luego legalmente no puede cobrar lo no debido.
- Que se harán las megaobras faltantes como la Prolongación de la Avenida Circunvalación, Carretera al mar, ampliación de la vía a Pance, puente de Chipichape, puente en la salida a Jamundi con Cra 100, Puente a la entrada a Cali con Av. Ciudad de Cali, parque lineal de la Avenida Roosevelt, etc, cuando aún no están financiadas esas obras, por los costos de las mismas y no se le pueden aplicar los recursos de la valorización.
- Que se va a seguir cobrando la valorización por megaobras no contratadas ni construidas, cuando las normas legales lo impiden.
Los vicios de ayer, representados en la falta de planeación, manejo irresponsable de la estructuración del proyecto delegada en un Ingeniero externo (Rodrigo Cerón), que contrató Abogados de Bogotá (Oral y Delgado ) e Ingenieros de Popayán , todo liderado por el Alcalde anterior, nos llevaron a las penas de hoy, en donde el Secretario de Infraestructura y Valorización Miguel Meléndez y el Jefe Jurídico de la Alcaldía Javier Pachón se han dedicado a lo mismo de la administración anterior , a ocultar información y no decir la verdad de las Megaobras.
Como si fuera poco, han colocado al Alcalde a presentar el proyecto del Plan de Desarrollo, que contiene en su marco fiscal de mediano plazo el recaudo de la valorización, sobre obras no contratadas ni construidas en momentos que se ha vencido el plazo según la ley, para que sean utilizados los dineros de la comunidad. Pero lo más grave ha sido la aprobación del mismo plan, vulnerando el DEBIDO PROCESO de normas legales que obligan a devolver los dineros de obras no contratadas ni construidas y por supuesto a no facturarlas, por un valor que en el papel alcanzan los $252 mil millones y en realidad superan los $500 mil millones. Y se configura un FRAUDE PROCESAL, ya cometido por la administración municipal en tutelas que tiene que ver con el cobro de obras no construidas y ahora entre el Concejo y la Alcaldía Municipal en el proceso tutelar que se adelanta en el Juzgado 11 Civil Municipal y que si no se corrige a tiempo, pondrá en aprietos a toda la estructura administrativa y politica del Municipio de Cali.
Ha salido a sanción el Plan de Desarrollo de Cali 2012 – 2015 que deberá pasar por primera vez tropiezos legales por el cobro de la totalidad de las 21 megaobras por la contribución forzosa de valorización , cuyas debilidades jurídicas hemos informado y son evidentes. Por ello, estaremos en estos 4 años padeciendo este Karma de las Megaobras que afectaran el desempeño del Alcalde Guerrero y que nuevamente nos obliga a reiterarle al Gobierno Municipal, hacer los correctivos tendientes a salvar la credibilidad e institucionalidad del Municipio de Cali, pues los dineros en juego de propiedad de los contribuyentes Caleños, exigen un tratamiento normativo riguroso en el estado social de derecho y precisamente es lo que no está haciendo el Municipio de Cali.