Los Caleños seguimos día a día con desesperanza e incertidumbre por la movilidad, a pesar de tener más de 5 meses la nueva Administración, con un Secretario de Infraestructura y Valorización Miguel Meléndez quien completó 165 días y no pudo hacer los cambios tendientes a devolverle la credibilidad a esa dependencia.
Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
Si bien es cierto que recibió una Secretaría sin planta de personal adecuada, sin los funcionarios competentes, sin recursos financieros, la verdad es que sus planteamientos, acciones y resultados distan de lo que necesita el Municipio. Se han dedicado a construir un manual de ocultamiento de la verdad alrededor de la contribución de la valorización para la construcción de las 21 Megaobras, convirtiéndose en un ejercicio corrupto desde la dependencia pública. En todo esto es co- responsable el Director Jurídico de la Alcaldía Javier Pachón, teniendo en cuenta que apoya permanentemente la gestión de valorización y así, tendrá ésta equivocada política pública repercusión en el Alcalde Rodrigo Guerrero, quien finalmente deberá enfrentar la protesta ciudadana.
Sigue la red del “tapen- tapen”
Esta dependencia a través del Secretario y los 2 sub- Secretarios continuaron la mala práctica de ocultar información y para ello hay que recurrir a las tutelas; evaden las respuestas y finalmente entregan información parcial frente a la realidad de la infraestructura vial, actualmente intervenida por el programa de 21 Megaobras.
Por ejemplo lo que la ciudad quiere saber y ellos no dicen, generando el manual de ocultamiento de la verdad:
1. El costo final de las 21 Megaobras, ahí están los dineros de los contribuyentes, los que no alcanzarán ni para las Megaobras en construcción, en razón a que las Megaobras del Alcalde Ospina saldrán costando más de $2 billones y el presupuesto inicial fue de $800 mil millones.
2. El valor del aumento de las obras adicionales y de los sobrecostos de los actuales contratos en concesión con los Consorcios: Infraestructura Cali 2010 (Pavimentos Colombia), Megaobras Cali (Conalvías) y Vías de Cali (Vergel y Castellanos), que van a cubrir todo el aporte ciudadano en Valorización y van a dejar al Municipio más endeudado. El valor inicial de contratos fue de $569 mil millones y nuestros estimativos superan el $1 billón.
3. El presupuesto de las 8 Megaobras faltantes ya cobradas y por muchos pagadas y que corresponden a la prolongación de la Av. Circunvalación del Sur, Puente en Chipichape, Puente en la salida a Jamundi, ampliación de la carretera al mar, ampliación de la vía a Pance, Puente en la entrada de Cali, Parque lineal en la Av. Roosevelt y Av. Cali, entre otras. El valor inicial de las Megaobras faltantes y lo aportado por el Municipio en el Nuevo Latir era aproximadamente de $300 mil millones y hoy ese costo supera el $1 billón.
4. La ausencia de los estudios y diseños definitivos que debieron estar con sus costos antes del cobro de las Megaobras; es decir antes, de septiembre 04 del 2009 fecha en que se firmó la resolución de liquidación de la valorización y se impuso la forzosa contribución.
5. La ausencia del Plan de Movilidad tan importante en Cali y lo tapan con una actualización de un Plan vial inexistente.
6. El doble pago de los estudios y diseños de las 21 Megaobras, hecho por los ciudadanos a través de la EMRU y a través de los contratos de concesión por la Secretaría de Infraestructura y Valorización. El detrimento patrimonial es superior a $10 mil millones por este concepto.
7. Que el estatuto de valorización de orden Nacional y el Municipal dieron plazo de 2 años para contratar las Megaobras faltantes, so pena de devolver los dineros y no facturarlas, pero no hemos tenido un Secretario o un Jefe Jurídico que reconozca ésta verdad irrefutable, abusando con cientos de miles de Caleños por el cobro de lo no debido.
8. Que son 300 demandas las que tiene el cobro de la valorización de Cali, que han fallado en primera instancia 6, pero que hasta ahora no hay ninguna sentencia de fondo sobre el problema de la ilegalidad de la contribución de valorización en Cali, por ausencia de estudios y diseños, y violación del estatuto de valorización.
9. Que lo que está pagando la ciudadanía mensualmente en promedio es de $11 mil millones y estos dineros solo cubren los intereses de los dineros que están prestando los contratistas para adelantar las Megaobras y los intereses de las obras recibidas y no canceladas por la Administración. Por lo que cada día que pasa es un martirio para el Gobierno, pues su deuda es impagable con los dineros de la valorización.
La lista de lo que ocultan el Secretario con el Jefe Jurídico, es muy larga, pero debo reconocer que Miguel Meléndez tuvo un primer mes estelar diciéndole a los ciudadanos por los medios de comunicación, en foros o reuniones de Univalle, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, etc., la verdad de lo que pasó en el gobierno anterior, con pasmosa frialdad (no es la movilidad de Cali, no hubo amarre con el Plan Vial, no hubo los estudios y diseños suficientes, los términos de referencia de los contratos fueron irregulares, el estructurador de las 21 Megaobras fue perverso, no hubo estructuración técnica del proyecto, etc.). Pero del diagnóstico no pasó, no hizo los correctivos necesarios y ahora se encuentra con un problema gigantesco como lo hemos dicho en ésta columna: EL MAYOR FRACASO DE LAS MEGAOBRAS SE DA EN QUE NO HAY LOS DINEROS PARA TERMINAR LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN, MENOS LOS DINEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS FALTANTES.
¿Por qué no convocan a los Representantes de los contribuyentes?
Siguiendo el “tapen. Tapen” de la administración anterior, la Secretaría de Infraestructura y Valorización no convocan a los Representantes de los propietarios de predios gravados por valorización, tan solo en una oportunidad lo hicieron, sin entregar ninguna información escrita, ni balances, ni nada importante ¿Qué ocultan?. Y que falta de respeto y de abuso oficial por parte de los funcionarios Municipales.
Todas estas prácticas corruptas nos han violado los derechos a los caleños y por supuesto se ha quebrantado el estado social de derecho con la planeación y ejecución de las 21 Megaobras, pues concentraron en una sola persona (Alcalde Ospina) los recursos y bienes que deberían destinarse a intereses colectivos debidamente soportados en las normas legales, esto no se hizo. Llegó la administración Guerrero y él como Concejal es co- responsable del desastre técnico, económico y financiero de la valorización y en consecuencia mantuvo la línea del “tapen- tapen”, que desafortunadamente llevará al Municipio a una nueva crisis fiscal. Siguen erosionando la confianza ciudad en las instituciones y contribuyendo a debilitar la legitimidad del proyecto.
Indudablemente que no hemos tenido un Concejo Municipal independiente y objetivo para defender los intereses de la ciudadanía, lo vimos en el pasado y en el presente con el Plan de Desarrollo, donde se ocultó la verdad de la financiación de las 21 Megaobras; no tuvimos Contralora y Personero Municipal que cumplieran con sus deberes legales; no tuvimos sector gremial y empresarial que defendieran la ciudad; no tuvimos solidaridad en la mayoría de los medios de comunicación, pues el poder de la pauta manda; guardamos esperanzas en el Procurador, en el actual Personero y Contralor y en el poder judicial, quienes deben fallar de fondo.
Indudablemente que en Colombia el poder del ejecutivo es muy alto, se mantiene una cultura del atajo, el Municipio incumple con el derecho al acceso a la información y las normas legales, no existe la cultura real de la rendición de cuentas y los ciudadanos no tienen la cultura de participación para que el Municipio cumpla con sus deberes. Pero seguiremos como representantes, cumpliendo nuestra labor, debemos intensificarla pata atender los derechos de los ciudadanos y el interés público. No somos enemigos de las obras, por el contrario apoyamos el progreso, pero éste debe estar ceñido a las normas constitucionales y legales.
Conclusiones
1. Los ciudadanos deben rechazar el cobro de la valorización mediante facturación que hace la Secretaría de Infraestructura y Valorización, pues allí incluyen Megaobras no contratadas ni construidas, las que ya no se pueden contratar con los recursos de valorización, además que estos son inexistentes.
2. Seguiremos asesorando a la ciudadanía contribuyente en la defensa de sus derechos, de tal manera que no se les cobre unas obras no construidas e ilegalmente decretadas.
3. La práctica corrupta de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de la administración anterior se mantiene vigente e incólume en el actual gobierno. Por lo que le voy a pedir a la Procuraduría General de la Nación, mediante solicitudes de investigación disciplinaria, pare el abuso del estado de derecho que se hace permanentemente en la Secretaría de Infraestructura y Valorización.