Por luz Betty Jiménez de BorreroLa posibilidad de tener un sistema judicial apropiado a las necesidades de los usuarios se verá nuevamente aplazado con la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional de la justicia,
Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social
La posibilidad de tener un sistema judicial apropiado a las necesidades de los usuarios se verá nuevamente aplazado con la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional de la justicia, que busca ante todo atemperar su aplicación a las nuevas condiciones y exigencias del sector financiero, EPS privadas, contratistas del Estado, militares vinculados con los falsos positivos entre otros interesados, en tanto que quedarán en el limbo jurídico miles de procesos que hoy congestionan los despachos judiciales, sin que los ciudadanos obtengan ninguna respuesta a sus demandas y necesidades.
Para tal efecto en la reforma se dispone de la creación de una especie de justicia paralela a la que funciona en la actualidad, conformada por abogados, notarios, centros de conciliación, tribunales de arbitramento, a los cuales se les entregará facultades para administrar justicia en las diferentes ramas del Derecho, y con lo cual se pretende materializar una verdadera alianza estratégica entre el Estado y el sector privado que desde ya se ocupa de la prestación de otros servicios públicos como la salud, educación, etc, en desarrollo de las políticas neoliberales impuestas por los gobiernos de turno.
La aplicación de esta modalidad de justicia, no solo afectará sustancialmente la situación laboral de los operadores judiciales que de ahora en adelante tendrán que competir con sus homólogos del sector privado, sino también a los usuarios de la justicia avocados a pagar altos aranceles judiciales por acceder a dicho servicio público.
A partir de la reforma Constitucional resulta más evidente la tendencia a intervenir por parte del ejecutivo en los asuntos de la administración de justicia, lo cual se concretará en este caso a través de su participación en el Consejo de gobierno judicial, encargado de elaborar las listas de los candidatos para magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, quienes a su vez presentarán a la consideración de la Corte Constitucional seis de las nueve ternas para tal efecto, amén de las tres del Presidente de la República con destino a integrar dicha Corporación judicial.
A lo anterior se suma la facultad del gobierno de asignar los recursos y definir las políticas gerenciales y en materia fiscal y presupuestal en torno al funcionamiento de la rama, consignadas en los denominados documentos CONPES diseñados por Planeación Nacional.
Así las cosas con la intervención del ejecutivo en la Justicia, no solo se limitará su autonomía e independencia, sino que además se sustituirá en la práctica el principio de la separación de poderes por el de la confusión de poderes, mediante el cual se abrirá paso al autoritarismo y a la arbitrariedad en el control y manejo de la administración de justicia.