Por Ana Lucia Arango M.
Economista
No se cansan de meter la pata nuestros gobernantes con sus iniciativas en el Congreso de la República, con los proyectos de ley que presentan para estudio. Las reformas laborales y pensiónales agravan cada vez más la estabilidad económica de las familias de nuestro País. Los efectos de la crisis económica en nuestro país siempre han tenido su mayor impacto social en el desempleo, han incidido en esta situación factores como son la apertura económica, la recesión económica a nivel mundial, el aumento en la población económicamente activa, aumento del gasto público, lo cual ha aumentado los niveles de pobreza en nuestro país.
Siempre en las campañas electorales los candidatos de turno plantean proteger y garantizar a los ciudadanos calidad de vida, pero la realidad que se vive es muy diferente cuando toman el poder. El gobierno buscar generar empleo pero sin tener en cuenta la calidad de vida, porque le es permitido a las empresas la contratación de personal por Orden de Prestación de Servicios, donde las personas deben someterse a salarios muy bajos, jornadas laborales intensas, inestabilidad laboral, falta de garantías, etc.
En el año 2002 con la Ley 789, se busco reducir los gastos a las empresas para que pudieran generar más empleos. Pero la realidad fue otra se redujo el costo de los empleados, pero no se aumentó el trabajo formal. Además Según esta reforma laboral de 2002, hoy los empleados trabajan más horas y tienen menor calidad de vida y eso es inconstitucional.
Teniendo en cuenta la situación laboral actual, surgen varios cuestionamientos como: ¿Que tan positivos han sido los resultados obtenidos con la Reforma Laboral? ¿Si se vieron beneficiadas las personas menos favorecidas?
Realmente vemos con claridad que las políticas públicas de trabajo digno, no es el principal objetivo de nuestro gobierno, analizado con el ojo retrovisor, debemos ser conscientes que nunca lo ha sido, para la mayoría de nuestros gobernantes.
El Ministro de Trabajo Rafael Pardo presentó el Proyecto de Ley 241 al Senado, por medio del cual se dispone una nueva regulación del derecho a las cesantías:
El 50% de las Cesantías se seguirán consignando en la cuenta de cesantías que cada trabajador tiene en los Fondos de Cesantías.
El otro 50% se consigna en una nueva cuenta, como protección al dinero del trabajador, no será de libre disposición del empleado sino que se entregará en seis cuotas cuando el empleado quede sin trabajo, pero si en ese tiempo encuentra trabajo, se suspende el pago.
Los intereses a las cesantías que actualmente son el 12% anual, se pagarán sólo sobre el 50%. Analizando esta situación, en realidad se está reduciendo los intereses de cesantías al 6% anual, pues se pagará el 12% pero sólo sobre el 50% de estas.
Si se aprueba esta reforma, el sueño de los colombianos por conseguir vivienda, remodelar la casa, pagar los estudios, etc. con las cesantías ya no podrá realizarse, pues sólo se podrá contar para esos fines con el 50%. Resumiendo, esto significa que las expectativas en ese sentido se reducen en un 50%.
Miremos entonces, que la protección de los derechos sociales de los trabajadores que se consagra en el artículo 53 de la Constitución Nacional, es puro cuento para el Gobierno Nacional, al igual que la prohibición de expedir normas regresivas en materia laboral.
Los trabajadores deben defender los derechos, el Estado no lo hará. Así como los Empresarios exigen reformas para beneficio propio, porque nosotros como empleados no podemos hacerlo.
No debemos atemorizarnos por la reacción del empresario. Juntos lograremos muchos objetivos, nosotros los colombianos no debemos ser la excepción.