La aprobación del acto legislativo de la reforma a la justicia, fue un acto grotesco e imperdonable, que no ha sido reparado frente a la Sociedad Colombiana, en donde la caída del Ministro Esguerra no compensó el daño institucional sufrido tanto por el Gobierno, como por el Congreso. La experiencia constitucional del Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre lo llevó a reparar públicamente el daño sufrido por el ex- diputado Sigfredo López con una detención arbitraria e injusta. En buena hora tomó la decisión de precluir el caso e invitar a unas excusas públicas.
El choque de trenes entre las altas Cortes sigue vivo y coleando, es hora que se defina política y jurídicamente el cierre constitucional dentro de un Estado Social de Derecho, pero ya nadie habla de ello. El respeto y la garantía a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es algo que no debe tener negociación y por lo tanto esa controversia constitucional debe terminarse para bien de la democracia colombiana.
La actitud del Presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez quien ha señalado la asimetría salarial tan grande que existe en la rama judicial colombiana; mientras los Magistrados ganan $20.000.000, los Jueces de Circuito gana $5.000.000 y los Municipales $4.000.000, ha sido bien vista. Esa desigualdad genera una equivocada manera de administrar justicia, por ello respaldamos el equilibrio funcional que debe existir en los sueldos de los Magistrados y los Jueces.
En Cali además existe el vergonzoso problema del Palacio de Justicia, que completó 4 años deambulando por diferentes edificios en la ciudad y según la bancada parlamentaria del Valle la culpa es del Consejo Superior de la Judicatura, quien le ha faltado celeridad y administración para aplicar los recursos que asigna por ley el Congreso de la República.
Por ello, Dr. Juan Manuel Santos lo prioritario es la reforma a justicia, que permita resolver todos los problemas anotados, de tal manera que el buen ciudadano pueda decir: Si hay Justicia.