*Editorial
La ciudad y el Municipio tienen 2 responsabilidades de gobierno que son 2 problemas estructurales para su cabal ejecucion y financiación : MIO Y MEGAOBRAS. No hay solución a la vista y la tenemos que construir entre todos. Llegó el momento de rectificar, es ahora o nunca. el Alcalde de Cali Rodrigo Guerrero presentó el proyecto de acuerdo 040 / 2013 que autorizaría la extensión de las vigencias futuras excepcionales para las 21 megaobras, hasta por el 100 % de los ingresos de contribución por valorización, en el período 2014-2017 para financiar la segunda fase de las obras por $380 mil millones, para suavizar la quiebra de la Secretaría de Infraestructura y Valorización. El proyecto, que será estudiado inicialmente por la Comisión de Presupuesto de la Corporación, pretende garantizar la financiación y continuidad del plan de obras que en su momento, mediante el acuerdo 0241/2008 había sido aprobado por el Concejo y que es conocido como Megaobras. Es el momento que éste Cabildo Municipal que lleva 17 meses sin hacer una verdadera evaluación y control del plan de obras de valorización, se pronuncie. Ha perdido varias oportunidades, en la aprobación del Plan de Desarrollo, en la del Presupuesto del 2013 y en 2 debates inocuos, ahora tiene la última oportunidad.
Lo mínimo que se le pide respetuosamente y tratándose de la contribución económica de valorización, se le exige constitucionalmente en uso de los derechos de los ciudadanos al Concejo Municipal y a la comisión de Presupuesto y a todos los Concejales es que:
Se haga una revisión jurídica sobre la legalidad del cobro de la valorización
1. Se haga una revisión jurídica sobre la legalidad del cobro de la valorización, cuando se demostró que no hubo diseños y estudios para la recreación y suscripción del cobro, la liquidación y la distribución de la valorización. Es decir, tuvieron razón los 36.453 ciudadanos que presentaron el recurso de reposición a la resolución de cobro y las 70 empresas o ciudadanos que demandaron en Acción Popular o de nulidad o restablecimiento del derecho la contribución de la valorización de la ciudad. De esta revisión, que requiere Abogado de nivel de magistratura se debe informar a la comunidad.
2. Se haga una revisión jurídica si es posible seguir cobrando sobre obras no iniciadas no construidas a la luz del Decreto Nacional No 1394 DE 1970 (articulo7º) y del ACUERDO MUNICIPAL No.297 DE 2010 (artículo 1º ). De esta revisión como no habrá consenso con el Municipio, debe contratarse un experto en Derecho Administrativo que asesore al Concejo y de ello se debe informar a la comunidad.
Se exija una evaluación económica y financiera del plan 21 Megaobras
3.Se exija una evaluación económica y financiera del plan 21 Megaobras, la que debe ser revisada por expertos que asesoren al ponente y a los Concejales de la ciudad. De esta evaluación se debe informar a la comunidad, de tal manera que se le diga la verdad, es decir si el plan de obras y el sistema de la valorización están quebrado.
4. Se pregunte y se le dé el informe a la ciudadanía, por qué el Acuerdo 241 del 2008 y el 261 del 2009 no se cumplió, cuando se ordenó que el alcalde tenía plazo hasta el 30 de Junio del 2009 para entregar los estudios y diseños definitivos de las 21 Megaobras, que es la causa de la desfinanciada del actual del sistema de la valorización.
Se exija la existencia actualizada del plan vial, de transito y transporte o plan de movilidad
5. Se exija la existencia actualizada del plan vial, de transito y transporte o plan de movilidad para aprobar el plan de obras, de conformidad a las declaraciones del alcalde y del Director de Planeación, este plan no existe, luego debe ser ordenada su elaboración con una cronograma que se cumpla. De la evaluación se debe informar a la comunidad.
6. Se pregunte y se de el informe a la ciudadanía el porqué de los sobrecostos de las 21 Megaobras, como por ejemplo el hundimiento de la Avenida Colombia se decretó por $20 mil millones en el Acuerdo 241 del 2008 y según el alcalde salió en $61 mil millones, más el alumbrado pagado por el impuesto del alumbrado publico que costó $2 mil millones y más las estaciones de bombas que exige EMCALI, no han sido instaladas y cuestan $17 mil millones, para un total de $80 mil millones. Es decir un sobrecosto del 300%.
Dice el Gobierno caleño entregar los soportes jurídicos que sobre vigencias futuras establece la normatividad, en este caso específico, el estatuto orgánico de presupuesto nacional en su artículo 23, el cual, autoriza las vigencias cuando las obras se encuentren en ejecución en el año en curso y el objeto del compromiso se cumpla en cada uno de los años en que se contempló. Esto es parcialmente cierto, pues una cosa son las vigencias futuras de una contribución de valorización de un plan denominado 21 Megaobras y otra es la legalidad de la extensión, la cual no existe ante el estatuto de valorización nacional y municipal.
Tenga la oportunidad para que demuestre que la democracia y el estado social de derecho existen
Guardamos esperanzas que ante los 17 meses perdidos por el Concejo Municipal, en la defensa de la ciudad y los contribuyentes de la valorización, tenga la oportunidad para que demuestre que la democracia y el estado social de derecho existen. Esperamos que el Presidente del Concejo Ingeniero José Fernando Gil no siga representando al “viejo país” de conducir los debates sin transparencia como lo ha hecho con el MIO, si no que permita el debate abierto, con el imperio de la Constitución y la ley y amplia participacion ciudadana.Por ello respetuosamente invitamos al Concejo a iniciar la rectificacion en el devenir del Municipio de Cali, estudiando este proyecto si ataduras y pegados al estado de derecho y a la defensa del binomio ciudad – ciudadanos.
Estamos frente a unas obras pagadas por la comunidad por el sistema de valorización, a un costo superior a $1.5 billones Por ello y ojalá el Concejo invite al estudio del proyecto a los gremios que tienen experticia en este tipo de obras , para que tengan la participación y se pronuncien como la AIV( Asociación de Ingenieros del Valle), SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos), ACODAL( Ingenieros Sanitarios), CCI ( Cámara de Infraestructura) y todas las agremiaciones de Abogados y economistas de la ciudad.