Por Moises Banguera Pinillo
A partir de los años 90s, ante la impotencia de detener y mejorar los índices de violencia, causados por la desgracia de la aparición del narcotráfico, el elevado desempleo, el incremento exagerado del costo de vida y otras; las administraciones locales, lideradas por el Distrito Capital de Bogotá, más exactamente por el ex alcalde Antana Mokus empezaron a buscar alternativas para reducir el número de muertes y riñas callejeras, entre ellas la ley zanahoria, la ley seca, y la restricción de expendios de licores .
Las estadísticas demuestran, que en los establecimientos de rumba como las discotecas, billares y lugares de diversión en su interior son muy pocos los casos de alteración del orden, las muertes o intentos de homicidios; estos casos han ocurrido mas por acción de ajustes de cuentas, o violencia organizada.
De los 954 homicidios ocurridos en el primer semestre de 2013 en la ciudad de Cali, el 47% se cometieron los fines de semana (viernes a domingo); el 51% corresponden a venganzas, el 19% a riñas y el 18% a pandillas. También muestran las cifras que en las comunas intervenidas, los homicidios han aumentado de 56 a 59 en el 2013, comparado con 2012. Las muertes por vehículo en el primer semestre de 2013 fueron de 110 (datos de visión Cali, observatorio social).
Estas estadísticas demuestran, que asociados directamente al consumo de licor en establecimientos, solo se pueden contar los homicidios por accidente de tránsito en un porcentaje, el resto de homicidios son más productos de las acciones criminales y situaciones económicas o culturales, que la prevención de ellos, no está en ningún momento asociada a la restricción de la diversión.
Cuando se toman medidas para prevenir el daño antijurídico y fundamentalmente para conservar la vida y el orden público, siempre se hacen con el objetivo de acertar, pero se comete el error de asociar las causas con percepciones, acudiendo a las causas generales sin demostrase técnicamente, olvidando que los escenarios son distintos. Además se ignora que, cuando se toma una decisión es importante analizar cuanta población beneficia y cuanta población perjudica.
Al revisar las cifras del primer semestre sobre homicidios, encuentra uno que el número de homicidios del día sábado son iguales a los homicidios ocurridos el día martes; entra la duda sobre el concepto general si la rumba, el licor o la diversión son factores incidentes en la cantidad de homicidios en la ciudad de Cali y, fácilmente, puede concluir que se hace necesario revisar ciertas medidas que pueden estar afectando mas por su implementación que la prevención que pueden estar generando.
De lo anterior, surgen algunos interrogantes. Todos los estudios demuestran que los niveles de violencia por X o Y razones en algún porcentaje están asociados a lo socio – económico. Entonces, si cierran los establecimientos nocturnos, de inmediato se afectan los ingresos de los propietarios y de la cadena de personas que dependen de esa actividad. Se reduce la venta de comidas, los ingresos de los taxistas, de los meseros, de los administradores, de los moteles incluido toda su cadena de beneficiarios, los ingresos para la salud, los ingresos para inversión etc. Cuantas oportunidades se están dejando de brindar y cuanto espacio se le abre a la delincuencia?. Sí compensan los beneficios de aplicar la ley zanahoria o de cerrar los establecimientos nocturnos, en el entendido que salvar una vida es algo que no tiene precio, con los resultados esperados de su aplicación?.
Hay un viejo adagio, lo mejor es quemar el sofá, medida simplista y facilista, sin efectos positivos, debido a que no se ataca la causa y fácil de compensar. Si partimos del hecho que es función esencial del estado propender por el bienestar de sus asociados, empezando por preservar los derechos fundamentales, sin descuidar los derechos de tercera generación; las políticas deben buscar un justo medio entre las obligaciones de los ciudadanos y los derechos de los mismos. No es posible que Juanchito como zona económica haya prácticamente desaparecido, la avenida sexta solo llena de viejos recuerdos, la carrera 15 solo quedan aquellos nostálgicos y, menga apenas pelechando flores que están a puntos de marchitarse por la excesiva vigilancia de sus fronteras.
Comparto plenamente el ejercicio de la autoridad y como principio, todos los ciudadanos debemos dar ejemplo de su acatamiento, pero también es deber del estado buscar alternativas que permitan a los ciudadanos cumplir con la ley sin frustrar su felicidad.
El empleo, el desarrollo económico y la felicidad son antídotos de la violencia. Si bien quemar el sofá no ha resuelto los altos índices de criminalidad, señor alcalde es necesario recuperar la economía nocturna de la ciudad sin incrementar los homicidios ni los accidentes de tránsito.
Las antiguas instalaciones de la ILV, que hoy son propiedad de la Gobernación, cuya dimensión es de aproximadamente 38.000 metros cuadrados, el cual tengo entendido que existe un convenio con la Alcaldía de Santiago de Cali, están apropiadas para recuperar la economía nocturna. Sin ser experto en el tema, hare el esfuerzo de explicarlo para que quienes tengan la información estructuren bien el proyecto. Se trata de reunir a los empresarios de establecimientos nocturnos y alquilar los espacios para que estos adecuen casetas o sitios de diversión de diferentes géneros de música. Igualmente convocar los empresarios de la gastronomía caleña, el gremio de taxistas y vigilancia privada y pública; de la misma manera establecer convenios con la licorera del Valle, Renta Departamental, el transito, las secretarías de cultura y otros para ejercer los controles necesarios. Para su funcionamiento los precios serán controlados, los consumidores o ciudadanos no podrán llevar carros, cero armas y horario hasta las cinco de la mañana, los taxistas serán controlados con carnet y su salida será sistematizada.
Este proyecto permitirá recuperar la economía nocturna, generara empleo, disminuirá los accidentes de tránsito, disminuirá el consumo de licor falsificado, aumentará la confianza de los consumidores, tendrá un transporte seguro, revivirá la zona, disminuirá los rumbiaderos ilegales, dejara dormir mejor a los vecinos y, fundamentalmente, compensará la restricción de las libertades aplicadas en zonas no controladas, por la expansión de los derechos en zonas dominadas por el imperio del derecho moderno y contemporáneo.