Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Los alarmantes registros de homicidios en Cali, que posiblemente llegará a una cifra sin precedente cercana a los 2000 anuales, la sitúan como una de las más violentas en el continente. El alcalde Guerrero, quien dada su formación y estructura académica, un estudioso del tema, cataloga el fenómeno como una enfermedad contagiosa. Así se desprende de sus estudios sobre la epidemiologia criminal. La violencia se extiende contagiosamente, al encontrar propiedades fértiles, en razón a un frágil tejido cultural, un sistema educativo deficiente, alto consumo de droga y alcohol, porte ilegal de armas, autoridad quebrantable y altas tasas de desempleo. Por esa razón es preciso identificar y diagnosticar la enfermedad para formular su procedimiento.
El modelo implantado por el alcalde Guerrero, durante su primer mandato, conocido como Desarrollo, Seguridad y Paz, (DESEPAZ) vino a dar resultados positivos en las administraciones siguientes a mediados de la década de los año noventa. Políticas de estado en fortalecer consejos de seguridad, implementar “casas de paz”, involucrar activamente todos los actores del fenómeno, judiciales, policivos, civiles e iglesia, buscar equidad e inclusión social fueron baluartes en su diagnostico, formulación y ejecución.
Sin embargo, veinte años después, la ciudad ha cambiado sustancialmente. El desmantelamiento paulatino del narcotráfico, del paramilitarismo, la presión del desplazamiento hacia la ciudad de regiones perturbadas por el conflicto armado son fenómenos que han trastornado valores y principios de convivencia resultando en resurgimiento de bandas criminales, sicariato y agencias de cobro.
Es el momento de considerar un cambio diametral en la política de seguridad. La ciudadanía no puede seguir siendo blanco permanente de atracos callejeros, robo de celulares, cruce de disparos y zonas con barreras invisibles de territorialidad. La política macro de estado buscando alternativas de mejorar la convivencia, mediante programas de educación, inclusión social y cultural, deben complementarse con una política mas agresiva de autoridad policiva.
Iniciativas como la estrategia de “Tolerancia Zero”, implementada exitosamente por al alcalde Rudolph Giuliani en Nueva York, donde se hace respetar la ley, la impunidad e involucra, como delito inalienable, la corrupción al interior de la totalidad de instituciones involucradas en el proceso requiere ser implementada en Cali. Es concluyente que tolerar y no sancionar delitos menores propician cometer delitos de mayor gravedad.
La municipalidad, quien aporta recursos a la Policía Nacional, además de auditar la inversión, debe exigir resultados medibles estadísticamente. Sería mejor inversión profesionalizar, educar y capacitar la fuerza pública, en vez de entregar recursos para dotación de equipamiento, pie de fuerza y reacondicionamiento de instalaciones, rubros que deben estar a cargo del presupuesto nacional.
La Policía debe repensar los “inamovibles” retenes en las principales vías de la ciudad, a quienes cualquier ciudadano, con teléfono inteligente y un sencillo aplicativo de georeferenciación puede fácilmente ubicar. La labor de identificación de documentación, en especial de automóviles y motocicletas, es labor de la Secretaria de Transito, no de la Policía Nacional. En vez, debe implementarse una política de requisas callejeras permanentes, en especial en las comunas con altos índices delincuenciales. Sitios conocidos por la ciudadanía como de alta peligrosidad deben ser monitoreados, vigilados y custodiados permanentemente. El pie de fuerza policiva debe estar activamente en patrullaje y no parqueados en intersecciones o encuartelados en las estaciones de Policía.
Iniciativas como las anteriores, implementadas en Nueva York, desde hace más de quince años, dan como resultado una estadística de 419 homicidios en el año 2012 para un ciudad con población de diez millones de habitantes, comparadas con los más de 1600 homicidios de nuestra ciudad con una quinta parte de la población.
Ser una de las ciudades mas violentas del continente es un desafío a la gobernabilidad y autoridad.