Por Humberto Giratá
Una de las principales fortalezas de Colombia es su riqueza ambiental, consecuencia de su privilegiada situación geográfica, la presencia de tres cordilleras y la variedad de microclimas en todas sus regiones.
Este es un verdadero potencial en un mundo, cada vez más amenazado por la falta de sostenibilidad ambiental, ocasionada por una visión especialmente económica.
A pesar de la Ley general ambiental en Colombia (Ley 99 de 1993) fue diseñada para fomentar proyectos de desarrollo sostenible con el propósito de conservar el medio ambiente y los recursos naturales, especialmente, los renovables.
Durante la vigencia de la Ley se ha observado un creciente deterioro de nuestra riqueza natural, no solamente notorio por la proliferación de minas o la contaminación de los mares y los ríos registrado por la noticias sino por mediciones serias realizadas por las Universidades de Yale y Columbia.
El índice de desempeño ambiental (EPI por sus siglas en inglés) es un método para cuantificar y clasificar numéricamente el desempeño ambiental de las políticas de un país, utilizando para ello indicadores orientados hacia resultados, por lo que sirve como índice de comparación, permitiendo un mejor entendimiento por parte de políticos, científicos, defensores del ambiente y el público en general.
Hasta la fecha se han publicado cinco informes, desde 2006 considerando ítems como los efectos del ambiente en enfermedades por saneamiento y agua potable, contaminación del aire, calidad del aire en la salud, recursos hídricos: calidad de agua natural y demanda sobre el agua disponible, biodiversidad y hábitat, recursos naturales productivos (forestales, pesqueros y agrícolas) cambio climático y gases de efecto invernadero.
En el 2008, nuestro país aparecía dentro de esta clasificación mundial en el puesto 9. Su índice fue 88.3. En el año 2010 ocupo el puesto 10 de esa clasificación, aunque el índice EPI fue 76.8, inferior al anterior. En el 2013 ocupamos el puesto 85.
Ese descenso no sólo obedece a fracasos en la actividad de las instituciones colombianas, sino a que se aumentaron las variables para medir la gestión ambiental, pero en general, debe considerarse un “llamado de alerta”.
Las variables que más pesan en la situación colombiana son las relacionadas con la contaminación de las aguas públicas y la deforestación, pero hay otras, como la disminución de la fauna, el mal uso de las laderas, la erosión, la compactación y la contaminación de los suelos, la disminución de la pesca y la urbanización de los suelos agrícolas.
Parte de la responsabilidad del deterioro ambiental se presenta por la falta de una educación efectiva sobre la responsabilidad ambiental. Otro factor lo constituyen las décadas de violencia y de corrupción en esta materia.
Hay que tomar conciencia de que la calidad del entorno depende nuestra calidad de vida y a través de ella una presencia eficaz en los mercados internacionales que pretendemos conquistar y en la conservación de los mercados locales con el propósito de consolidar comunidades que tenga el norte de la sostenibilidad en todas sus actividades.
El gobierno nacional, conjuntamente con las autoridades ambientales, debe adelantar, de manera prioritaria, una especie de cruzada para detener el deterioro ambiental porque es insólito que los colombianos destruyamos nuestra mayor ventaja competitiva en el contexto de la globalización.