Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La reforma Constitucional mediante la cual la prohibición de la reelección presidencial no podrá levantarse por el Congreso sino a través de un referendo ó de una Asamblea Nacional Constituyente, ha puesto al rojo vivo la lucha competitiva que se libra en las alturas del poder entre los diversos sectores políticos y sociales representados en los órganos del Estado y con la cual se ha sustituido en la práctica la voluntad del pueblo soberano de reelegir o no a sus gobernantes que merezcan su confianza y representen, y defiendan sus intereses comunes.
Tratándose de las condiciones y circunstancias políticas del país caracterizadas por la polarización y el enfrentamiento político entre el Santismo y el Uribismo, la actitud asumida por el gobierno ha sido la de utilizar los caminos de una aparente legalidad y so pretexto de recuperar el equilibrio de los poderes restringir la facultad que tiene el Congreso en su condición de Constituyente derivado de reformar la Constitución, lo cual a nuestro juicio además de vulnerar principios fundamentales del Estado Social de Derecho, desnaturaliza de cierta forma la institución de la democracia representativa.
Por otra parte queda claro que el candidato presidente o expresidente que aspire a la reelección se le somete a un procedimiento adicional que sobrepasa las condiciones y los requisitos exigidos regularmente para tal efecto, con lo cual en vez de garantizar sus derechos y el de sus potenciales electores se obstruye su aspiración para el caso de la eventual aprobación de un nuevo texto constitucional, matizado por una aparente y sospechosa legalidad.
Hoy más que nunca la clase política del país se aleja de la realidad y de las nuevas tendencias que le abren paso a la posibilidad de la reelección de los gobernantes que el pueblo desea reelegir tal como viene sucediendo en países como EE.UU, Brasil, Ecuador, Bolivia, etc.
Las clases dirigentes de estirpe liberal que en el pasado se enfrentaron a la aristocracia feudal y monárquica por el ejercicio pleno de los derechos y libertades políticas, hoy temen que el poder se les pueda salir de las manos por la acción avasalladora del pueblo ó de las fuerzas políticas de la competencia.
No sobra agregar que durante la vigencia de la actual Constitución no ha sido posible aprobar el Estatuto de la Oposición, en tanto que las campañas electorales son financiadas en su mayoría por los grupos económicos que constituyen el verdadero poder detrás del trono de los gobernantes.
Desde luego que la reelección debe tener un límite en el tiempo mientras que su prohibición ó restricción consignada en la pretendida reforma Santista, no deja de ser más que una expresión del autoritarismo de quienes hoy detentan el poder y en la práctica se oponen a las elecciones competitivas en donde existen varios candidatos, pieza angular del pluripartidismo y de la democracia liberal.
Es necesario exigirle a las clases dirigentes del país garantías suficientes para el ejercicio de los derechos políticos particularmente de las fuerzas de oposición que hoy no cuentan con el espacio ni los recursos económicos ni financieros para adelantar sus campañas políticas y fortalecer la unidad de acción de sus partidos y movimientos al tiempo que el gobierno apela constantemente a la paz y a la conciliación como una forma de apaciguar los ánimos, sin que se produzcan las reformas legales y constitucionales que demandan el país urbano y rural en materia de salud, justicia, educación, trabajo, crecimiento y desarrollo económico en igualdad de condiciones para todos, etc., lo cual nada tiene que ver con las contrarreformas presentadas para su aprobación que finalmente no generarán ningún cambio sustancial de las condiciones económicas, políticas, sociales de los colombianos.
De todas maneras la elección y reelección presidencial deben estar acompañadas del derecho al ciudadano de poder revocarle el mandato al gobernante como garantía real de su participación electoral.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL