Por Luz Betty Jiménez/Pablo Borrero
El ejercicio de la democracia ha adquirido un inmenso valor social y político particularmente si se trata de que los ciudadanos participen activamente en las decisiones que los afectan directa ó indirectamente en sus intereses económicos, políticos, sociales, administrativos, culturales, ambientales, etc. En este sentido en la Constitución de 1991 se dispuso que las autoridades deberían garantizar su ejercicio como base esencial y efectiva de los derechos y libertades ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho.
No obstante algunos gobernantes se resisten a no utilizar las formas y métodos democráticos para resolver los asuntos que atañen a la comunidad en lo que pudiera calificarse como una manera de negar la propia democracia en aras de auspiciar el autoritarismo.
Esta forma de proceder se ha convertido en una práctica reiterada en la ciudad de Cali en donde los gobernantes locales disponen a su antojo de las necesidades de sus habitantes, sin que previamente sean consultados sobre la conveniencia ó no de adelantar determinados planes y proyectos que en la mayoría de las veces van en contravía de los intereses de los ciudadanos. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con la adquisición de predios en donde se construirá la denominada “Ciudad Paraíso”, cuyos avalúos para efecto de la negociación son objeto del rechazo de la comunidad asentada en ese lugar, en razón de que los mismos no corresponden al valor que tienen las viviendas y negocios, los cuales han sido objeto de toda clase de maniobras especulativas bajo la mirada de la administración local y de algunos sectores económicos interesados en sacar provecho de la valorización de los predios con la renovación urbana que se desarrollará en dicho sector de la ciudad.
Según afirmaciones de varios comerciantes del lugar no se sabe como se han hecho los avalúos en el sector del Calvario, en tanto exigen un precio justo por sus viviendas y comercios, por los cuales la administración está ofreciendo la suma de 200 mil pesos por metro2, mientras que éste hoy se cotiza en 2.5 millones de pesos.
El hecho de que este plan parcial aprobado por el Concejo Municipal no fuera concertado con la comunidad ha suscitado muchas críticas de parte de los habitantes de los barrios San Pascual, el Calvario, Sucre, Fray Damián, etc., quienes consideran que la administración ha desconocido sus derechos obligándolos a vender sus predios, cuando lo justo hubiera sido realizar la renovación urbana asegurándoles de manera efectiva su permanencia en el sector en condiciones dignas y razonables para todos estos caleños, que como propietarios, poseedores, arrendatarios, etc., deben participar en la reconstrucción del centro de la ciudad, lo que parece imposible para una administración que utiliza el progreso urbanístico para el desplazamiento de los habitantes del centro de la ciudad.
Así las cosas tenemos que la tan socorrida democracia participativa de que se habla, no deja de ser más que una simple instancia de comunicación llamada “socialización” de las decisiones que toman los gobernantes y que poco ó nada tiene que ver con la democracia participativa y decisoria derivada de la soberanía popular, que le permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones para todos.
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la
Democracia y la Convivencia Social
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL