Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Aunque la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento, este imperativo legal no se cumple y la solución de fondo se dilata en el tiempo convirtiendo las decisiones en un formalismo antes que en la garantía de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos. Los procesos contencioso-administrativos relacionados con las Megaobras exigían una definición pronta por parte de los operadores judiciales, para dar credibilidad a las institucionales del Estado y satisfacción de los derechos fundamentales de los caleños en el tiempo oportuno que en este caso, era antes de la construcción de las obras y del cobro a propietarios y poseedores de inmuebles.
La sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle declarando la nulidad de los artículos referentes a la financiación de las Megaobras, que comprometía partidas presupuestales a partir del año 2009 hasta el 2013 contenidos en el acuerdo 241 de 2008 se produce después de finalizado el plazo de las vigencias futuras excepcionales, generándose un sobrecosto respecto de la primera fase del ambicioso plan, mientras tanto y luego de varios años, continúan en los despachos judiciales varias demandas contra dichas Megaobras, sin que los organismos de control disciplinario y fiscal hubiesen sancionado a los funcionarios y concejales que pasaron por encima de la ley para aprobar los acuerdos en mención con el argumento del “progreso”, “movilidad para Cali” e “interés general”, términos convertidos en muletillas para apoyar cualquier decisión gubernamental contraria a los fines y principios fundantes del Estado Social de Derecho.
Si bien es cierto, la sentencia en mención no “tumba” las Megaobras, esta decisión es importante porque pone de presente en primer lugar, que el acuerdo que las decretó es ilegal al ordenar su financiación con recursos del presupuesto que excedían el período del alcalde de la época y en segundo lugar, demuestra la manera fácil con la que gobierno y concejales imponen su voluntad a los ciudadanos que ante la ausencia de argumentos y soportes para fundar sus decisiones apelan al mecanismo de sesgar el sentido de la ley o desconocerla como sucedió en este caso.
Los caleños deben unirse en la defensa de sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso, participación ciudadana, bienestar general entre otros solicitando al Consejo de Estado la confirmación de la sentencia y exigiendo al tribunal Contencioso Administrativo del Valle, el pronunciamiento rápido sobre las diferentes demandas que cursan en esa instancia judicial fundamentadas en causales de nulidad diferentes a las de vigencias futuras.
En caso de que la decisión anterior sea confirmada por el Consejo de Estado, amerita por parte de los organismos de control una investigación y sanción disciplinaria y fiscal contra los funcionarios involucrados en este despropósito en contra de la municipalidad y los intereses comunes de los caleños.
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