Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
En siete meses aproximadamente se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en un ejercicio político-electoral que los ciudadanos deben realizar cada determinado tiempo con la esperanza de lograr que los elegidosrepresenteny defiendan sus intereses ligados a sus necesidades económicas, políticas y sociales, de tal manera que las autoridades locales y regionales no solo cumplan con las promesas electorales hechas durante la campaña sino que en desarrollo de sus funciones traten por igual a todos los ciudadanos de conformidad con lo establecido en el denominado Estado Social de Derecho.
Muchos son los problemas que afrontan la ciudad y el departamento entre ellos la inseguridad, movilidad, servicios públicos, desempleo, baja calidad de la salud, educación, apropiación indebida por particulares de los ejidos y baldíos de Cali, desprotección del patrimonio arquitectónico e histórico- cultural, del medio ambiente, etc., sin que ninguno de los aspirantes a cargos de representación popular esté discutiéndolos y presentando soluciones viables para la ciudad, el departamento y el bolsillo de los contribuyentes.
Casi todos los pre-candidatos coinciden en proponer la ejecución de grandes obras viales y urbanísticas, tras de los cuales justifican la decisión de imponerlas sin consultar sobre la necesidad y urgencia de las mismas, ocultando que el municipio de Cali y el departamento del Valle del Cauca no disponen de recursos suficientes para adelantar tantas obras prometidas que simplemente embellecerán la ciudad sin generar en forma estable y permanente empleo de buena calidad para las clases medias integradas fundamentalmente por profesionales independientes y asalariados, obreros y técnicos calificados, pequeños y medianos empresarios y sectores populares de trabajadores ni promover el bienestar general, principios estos fundantes del Estado Social de Derecho. De esta manera una vez más se privilegia al sector de la construcción que ha sido el gran beneficiario en los últimos quinquenios sin dar impulso a otros sectores de la economía que pueden generar empleo de buena calidad.
La decisión del Ministerio de Cultura de permitir la venta de una parte del lote de los parqueaderos de la Plaza de Toros el cual fue vendido a una multinacional extranjera desde hace casi dos años para construir otro gran centro comercial en una zona de afluencia vehicular sin vías suficientes para desplazarse y evitar trancones permanentes, cercano a centros de educación superior, de salud y comerciales, ha sido rechazada por la mayoría de caleños, académicos, urbanistas, facultades de arquitectura, etc., y el Concejo de Cali que por mandato constitucional es el que puede modificar el uso del suelo. Tal decisión no ha sido cuestionada por quienes aspiran al voto de los caleños en tanto que tampoco presentan propuestas tendientes a evitar que se despoje a la ciudad de dicho patrimonio arquitectónico-histórico-cultural cedido por el municipio a la sociedad Plaza de Toros.
Cali tiene un gran patrimonio como es el de millones de metros de terrenos ejidales y baldíos, usurpados por particulares impidiendo que los mismos se utilicen en beneficio de los caleños. Ninguno de los pre-candidatos presenta propuestas para recuperar dichos bienes.
Se habla de apelar a las alianzas público-privadas y a las concesiones tan de moda para construir obras viales que serán financiadas con peajes, contribución de valorización y el oneroso impuesto predial,las cuales benefician a un sector muy reducido de empresarios de la construcción, urbanizadores y propietarios de tierras.
Por otra parte, en las condiciones de la ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca la aplicación de los principios y propósitos del Estado Social de Derecho no han dejado de ser letra muerta ya que entre los gobernantes de turno y los representantes a las corporaciones públicas existe una especie de contubernio político electoral tendiente a fortalecer el clientelismo político, la burocracia y la contratitis estatal, a través de las cuales se gastan y en muchos casos se despilfarran los escasos recursos propios del presupuesto municipal. Correlativamente con ésta circunstancia cada vez se imponen a los ciudadanos del común, nuevas cargas y deberes sin que por otra parte las autoridades cumplan cabalmente con sus obligaciones constitucionales y legales y además actúen con eficiencia y eficacia en el manejo de la cosa pública.
Esta situación desde luego tendrá que cambiar en los próximos comicios con la participación masiva, unitaria y organizada de los caleños en los próximos comicios, sí se quiere construir en el inmediato futuro la ciudad y el departamento que queremos al tenor de los retos que demanda el proceso de aclimatación de la paz con justicia social y la implementación de una serie de reformas estructurales que nos permitan avanzar por los caminos del progreso, del bienestar social y la construcción de una ciudad y departamento en donde las decisiones fundamentales sobre la dirección, administración, control y vigilancia de sus asuntos se tomen conjuntamente con los ciudadanos.
La experiencia vivida por los caleños y vallecaucanos debe servir para no repetir la vieja historia de los engaños y las promesas incumplidas de aquellos candidatos que en apariencia se dicen representar y defender los intereses comunes de los ciudadanos, pero que una vez elegidos se venden al mejor postor, no solo porque hacen parte de las viejas y nuevas estructuras político-electorales sino porque su conciencia de clase, grupo social ó interés personal no coinciden en absoluto con los intereses y necesidades comunes de la gente, que no pocas veces se dejan seducir por los halagos que ofrecen el clientelismo político y la corrupción ó son cautivos de su propio engaño ó del engaño de los demás que los utilizan como masa electoral disponible.
Así las cosas frente a las próximas elecciones de octubre los ciudadanos tienen el deber moral y político en medio de la campaña electoral de asumir una nueva actitud para defender no solo su interés individual sino el de todos los ciudadanos, con los cuales se construye la ciudad y el departamento que realmente queremos y para lo cual es menester desentrañar de las promesas y compromisos electorales su verdadera esencia, oculta ante la percepción de muchos ciudadanos que asumen una actitud pasiva ó conscientemente contribuyen a mantener la hegemonía de unos pocos, el statu quo ó a desarrollar los planes y programas de una sociedad opulenta y desigual para beneficio de algunos sectores y el empobrecimiento de su inmensa mayoría.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL