Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El gobierno del presidente Santos en asocio con la mayoría de las bancadas políticas del Congreso ha llegado a varios acuerdos en torno a la reforma de la justicia, a propósito de la crisis por la que atraviesa tras el escándalo desatado en el seno de la Corte Constitucional, en principio motivado por la presunta participación del Magistrado y ex Presidente de dicha Corporación Jorge Ignacio Pretelt en actos de corrupción que hoy han conmovido a la opinión pública que pide la renuncia de todos los integrantes del alto tribunal de Justicia.
Del contenido de dichos acuerdos se desprende claramente el verdadero propósito de la reforma encaminado a acrecentar el poder presidencial, generando un mayor desequilibrio institucional respecto de las otras ramas del poder público: la legislativa y la judicial.
Así las cosas se contempla la posibilidad de que el Presidente de la República pueda designar para un período de dos años a los integrantes de la primera supercomisión encargada de procesar al fiscal general y a los magistrados de las altas Cortes (Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional). Por otra parte, el Congreso renuncia al derecho de investigar y acusar ante el Senado y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia a los aforados que infrinjan la ley penal, que hasta el momento realiza a través de la comisión de acusaciones que será sustituida por la citada supercomisión de aforados, la cual podrá incluso enviar directamente a la Corte Suprema de Justicia los procesos por la comisión de delitos, sin tener que consultar con el Congreso de la República. Todas estas vueltas y revueltas aseguran un mayor control del ejecutivo sobre la justicia que paulatina y sistemáticamente se ha venido convirtiendo en un apéndice del ejecutivo.
Ahora bien, aunque en el futuro mediano los miembros de la supercomisión serán elegidos por el Congreso, este hecho estará supeditado a la imposición de una lista de aspirantes elaborada por la dirección de la Magistratura que es el ente que reemplazará al actual Consejo Superior de la Judicatura, de la cual harán parte no solo jueces y magistrados sino algunos otros sectores sociales y su manejo tendrá un carácter gerencial al estilo del sector privado.
Los aspirantes a ocupar cargos en las altas Cortes serán escogidos de listas de elegibles por cuenta de la dirección de la magistratura y con lo cual se cierra el círculo vicioso de la cooptación que implica que los miembros de las Altas Cortes se eligen entre ellos mismos, elección ésta que estará matizada supuestamente con criterios meritocráticos que en la actualidad han sido reemplazados por prácticas burocráticas, clientelistas y tecnocráticas alejadas de la realidad social.
Así las cosas, el propósito en palabras del Presidente Santos, de blindar a la Justicia contra la corrupción, el clientelismo político, el tráfico de influencias, etc., se convierte en una estrategia política-electoral que en nada contribuirá a recuperar a la Justicia, cada vez más debilitada y postrada por la crisis institucional en que se encuentra y por la pérdida de su independencia frente al poder del gobierno, que busca convertirla en un instrumento manipulable, tal como sucede con el Congreso de la República, en la medida en que en ambas instancias se ventilan los grandes negocios de las multinacionales y de los contratistas del Estado, asociado con el capital financiero nacional e internacional.
Y de ahí que las reformas introducidas al proyecto de equilibrio de poderes, no contribuya en nada a resolver los problemas estructurales y funcionales de la rama y mucho menos a apaciguar el incendio surgido al interior de la misma que arde por todos los costados ante la incapacidad de la clase dirigente que hoy gobierna, legisla y administra justicia en medio de su descomposición política y moral, tratando de aplicar medidas ineficaces que demuestran una vez más que ya no puede dirigir los asuntos del Estado y de la sociedad pues no solo ha perdido su capacidad de liderazgo sino la confianza de los ciudadanos que no podrán legitimar con su voto su reproducción en la dirección, administración, control y vigilancia de la cosa pública y de la realidad político social.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la
Democracia y la Convivencia Social