Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Con la confirmación de que las Mega-obras no tenían estudios ni diseños definitivos, se esperaba que los caleños asumieran una posición activa en defensa de sus derechos y del principio de legalidad que le impone a todos los servidores públicos la obligación perentoria de ejecutar sus actos oficiales de acuerdo con la Constitución y la ley, exigiendo investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra los alcaldes y concejales que intervinieron en su aprobación y/o ejecución del costoso e inconveniente paquete de obras que han causado un enorme detrimento patrimonial a las exiguas finanzas del municipio.
Lo esencial en este momento es entender que los funcionarios no pueden pasar por encima de la legalidad
Además de la pasividad ciudadana, resulta muy grave que los caleños tengan que asumir con sus impuestos dicho detrimento, en tanto que la justicia no opera en favor de los derechos de los ciudadanos, a pesar del cúmulo de denuncias, demandas y quejas en contra de la ilegalidad de los actos administrativos que autorizaron y pusieron en ejecución las obras, y de la actitud dolosa de los funcionarios que participaron en los procesos judiciales induciendo al error judicial a jueces y magistrados que conocieron de los procesos contenciosos de carácter administrativo.
Lo esencial en este momento es entender que los funcionarios no pueden pasar por encima de la legalidad y que los caleños deben:
1.- Exigirle a la Fiscalía iniciar de oficio la investigación penal contra los funcionarios que indujeron a los operadores judiciales al error.
2.- Solicitar mediante derecho de petición a la jurisdicción contencioso administrativa, que respecto de las demandas que están en trámite, obren en los expedientes respectivos las copias de las declaraciones del secretario Meléndez entregadas al diario EL PAIS y publicadas el 29 de marzo de 2015 y enero de 2013 como prueba de la violación ostensible de la ley y la Constitución.
3.- Solicitar ante la jurisdicción correspondiente la revisión de los procesos administrativos concluidos, en virtud de la existencia de un hecho nuevo como es el generado con las declaraciones del citado funcionario.
4.- Exigirle al alcalde la convocatoria de una Consulta Popular y/o encuesta con el propósito de definir la conveniencia o no de las obras restantes del proyecto de las 21 Mega-obras.
5.- Exigir al alcalde de la ciudad la suspensión de los procesos de ejecución coactiva que se adelantan contra los caleños que no han pagado la contribución de valorización en razón de que dichas acciones están prescritas y no se pueden cobrar las obras que aún no se han ejecutado en lo que se considera como el pago de lo no debido.
6.- Exigir la devolución de los dineros pagados a la administración por la parte correspondiente al valor de las obras no ejecutadas, en virtud de que las mismas no han sido ni serán ejecutadas en el plazo establecido por la ley el cual se encuentra vencido.
El desconocimiento de lo público no les permite entender que los recursos de la nación y los propios del municipio, provienen de los impuestos que pagamos
No obstante la trascendencia que ha tenido para la ciudad y los caleños la imposición de las 21 Mega-obras aprobadas y ejecutadas con violación de la ley y del estatuto de valorización, los medios de comunicación de la ciudad, excepto Caliescribe.com, no dieron la importancia a este hecho, mientras que sí destacaron el anuncio del gobierno local en el sentido de culminar al menos tres de las cuatro Megaobras con recursos propios de la Nación y de EMCALI, en donde el gobierno nacional pone $77 mil millones para la obra de la salida al mar y con recursos propios otras dos obras, a todo lo cual el Secretario Meléndez manifestó en términos generales que el gobierno, no debería estar buscando recursos diferentes a la contribución de valorización, porque el proyecto debió planearse con porcentajes reales de recaudo. De esta manera se apaciguaron los ánimos de los caleños que como los colombianos en general, no le otorgan importancia al destino que se le da a los dineros públicos, ya que lo importante es que no los graven con nuevas contribuciones de valorización. El desconocimiento de lo público no les permite entender que los recursos de la nación y los propios del municipio, provienen de los impuestos que pagamos los colombianos a través del gravamen de renta y patrimonio, IVA, Predial, Industria y Comercio, los cuales no se aplican a resolver las necesidades prioritarias de la ciudad y en cambio sí se utilizan para repagar los costos y sobre-costos de las obras terminadas.
En este momento ninguno de los pre-candidatos a la Alcaldía y al Concejo Municipal se han referido con propiedad a la esencia misma del problema fuera de que algunos de ellos han estado comprometidos de alguna manera con su aprobación y ejecución, convalidando así mismo lo que podría calificarse como un abuso de autoridad y del Derecho de parte de funcionarios de la administración municipal, que insisten en cobrar la Contribución de Valorización y continuar con la construcción de las obras faltantes, no obstante las evidencias sobre el carácter ilegal de los actos administrativos que las autorizan y de la responsabilidad que dichos funcionarios asumen con su ejecución. No sobra agregar que con estos actos arbitrarios e ilegales, se despojará de sus viviendas a centenares de caleños que irán a formar parte del ejército de los desplazados de la ciudad en un acto más de violencia que contraviene el espíritu de paz que se intenta consolidar en todo el país y en la ciudad de Cali.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la
Democracia y la Convivencia Social