Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El tránsito por los caminos del autoritarismo y de la ilegalidad se han hecho cada vez más frecuentes en nuestro país, generando un clima de violencia que se ha extendido a vastos sectores de la población. Esta circunstancia se revela en la práctica social con las decisiones que toman los servidores públicos que actúan con abuso de la función, cabalgando en esta forma sobre el lomo del código penal.
Un ejemplo de esta situación se vive con la decisión de un Alcalde del departamento de Nariño, quien para evitar que el Presidente Santos fuera objeto de abucheos y silbatinas durante su presentación en el municipio, dictó un decreto prohibiendo las manifestaciones públicas, en lo que podría calificarse como una verdadera alcaldada con base en la cual se conculcan los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos a la movilización y protesta consagradas en la Constitución Política.
Para complementar el panorama autoritario, el ministro del interior optó por avalar dicha decisión con el argumento peregrino e inconstitucional, de que el funcionario de marras es autónomo para tomar todas las decisiones que estime convenientes en su municipio, lo cual constituye una prueba más de que los caminos del autoritarismo y la ilegalidad están abiertos a este tipo de prácticas que colocan al Estado y a sus autoridades por encima de la propia legalidad y en contra de los intereses generales de la comunidad.
Como si esto fuera poco la ministra de Educación ha expresado públicamente y en tono amenazante, que mientras los maestros continúen con el paro, no negociará con éstos, en tanto que retirará de la mesa de negociación todas las propuestas para comenzar de cero en el caso de un eventual diálogo con los sindicatos de maestros.
Todas estas actitudes entran en contradicción con los fines, principios y valores del Estado Social de Derecho desnaturalizados en la práctica con la repetición de innumerables acciones y omisiones o extralimitaciones de la función pública, con lo cual queda en claro que los ciudadanos tienen muy poco que esperar de los gobernantes cuando reclaman sus derechos frente a la actitud complaciente con el autoritarismo, al tiempo que violan su propia legalidad que termina extinguiéndose en sus manos, lo que implica que tampoco los ciudadanos deben estar dispuestos a someterse al imperio de la ilegalidad ni a sus opresores de turno.
Esta situación no es ajena a la que se vive en la ciudad de Cali, en donde las autoridades locales violan sistemáticamente las normas Constitucionales y legales desconociéndole los derechos a los caleños, a quienes constriñen con el pago de los impuestos, al igual que contribuciones y multas no debidas o ilegalmente cobradas como es el caso de las 21 mega-obras que no se terminaron, convirtiendo su cobro en una forma expropiatoria de la propiedad familiar y de los pequeños y medianos negocios de la ciudad.
Frente a la denuncia de los caleños, los candidatos a ocupar cargos de representación popular, Alcaldía y Gobernación no ofrecen ninguna propuesta ni acción concreta encaminada a impedir que las familias caleñas pertenecientes a los sectores medios y populares sean desplazadas de sus viviendas por la administración que se enorgullece de haber aumentado los recaudos a partir del incremento exagerado de los tributos para supuestamente llevar el progreso y la modernidad a la ciudad.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la
Democracia y la Convivencia Social