El delicado equilibrio de los poderes supone frenos y contrapesos para evitar que los funcionarios que ejercen el poder, abusen. Hay que imaginar muchas situaciones en el futuro y recordar el pasado. El proyecto de ·equilibrio de poderes” no soluciona los graves problemas que nos aquejan: fortalece el ya excesivo presidencialismo, debilita el enclenque congreso, y no le impone controles a la rama judicial hoy con brotes de politización, abuso y corrupción.
Mientras un funcionario público de la administración nacional o regional es investigado por la rama judicial por conductas penales, disciplinariamente por la Procuraduría, por la Contraloría en materia fiscal, y tiene la vigilancia de la oficina de control interno; un Congresista tiene las mismos controles con el agravante de tener juicios en única instancia, penal ante la Corte Suprema, y por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. A todas estas, los miembros de la rama judicial, que tienen la facultad de decidir sobre los la libertad y bienes de los ciudadanos, carecen de controles efectivos por otras ramas. Son disciplinados por una sala elegida por la propia rama y los asuntos penales también los juzgan ellos. Es un poder enorme, casi vitalicio, , alejado de la ciudadanía pues es la única rama del poder que no tiene origen democrático y sin embargo carece de controles.
La Corte Suprema de Justicia está en total impunidad. Siendo funcionarios cooptados, es decir elegidos por ellos mismos, parece ridículo que sean esos Magistrados –electores o elegidos- los que juzguen la conducta penal de sus pares. Además juzgarán, con ese mismo criterio de clan, la conducta penal de todos los funcionarios del Estado -sin excepción-, incluyendo magistrados de otras cortes, congresistas y el Presidente. Semejante desequilibrio no parece preocuparle a nadie, pese a que el país en el pasado vio horrorizado las amistades de narcotraficantes con magistrados.
Las altas cortes deberían ser el final de una carrera, de manera que al terminar el encargo, los ex magistrados se dedicaran a dictar clases, pero nunca a defender intereses privados usufructuando las conexiones y las influencias acumuladas. Se trata de evitar que la rama vuelva a padecer los escándalos como aquel donde el Presidente de la Corte Constitucional, renunció para defender los intereses de Saludcoop. Sin embargo, la perspectiva no fue tenida en cuenta. El único requisito para ser magistrado de una alta corte es tener 20 años de experiencia. Más aún, ni siquiera logramos 5 años de inhabilidad para litigar frente a la propia corte en la que se ejerció, se mantuviera. Las mayorías del senado consideraron que dos años eran suficientes.
Se prohibieron todo tipo de nombramientos cruzados; sin embargo la efectividad es dudosa. Propusimos que cuando un pariente de magistrados, congresistas o directivos de un órganos de control u otras entidades, fuera nombrado en un empleo público o celebrara contrato público aquello fuera publicado, de manera que la ciudadanía puede conocer la información. Esta propuesta tampoco fue aprobada, de manera el carrusel de nombramientos para pagar favores se remodelará pero seguiremos sin herramientas para hacerlo visible.
Desde ahora anuncio que la aprobación de este proyecto será más dañina que beneficiosa.