Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Conocer los programas de gobierno inscritos por los candidatos a la alcaldía de Cali y a la gobernación del Valle es un deber de los ciudadanos, para desentrañar la visión que de la ciudad y del departamento tienen cada uno de ellos, las políticas que implementarían durante sus mandatos en caso de ser elegidos, sí estas se ajustan a los fines y principios del Estado Social de Derecho y sí garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, toda vez que serán los mandatarios para el post conflicto no siendo suficiente invocar constantemente que apoyan el proceso de paz que se adelanta en La Habana.
Así mismo es necesario conocer de los candidatos al Concejo de Cali y a la Asamblea Departamental sus posturas frente a estos programas de gobierno y cuál su posición frente a: la imposición de nuevas contribuciones de valorización para ejecutar proyectos de infraestructura vial y de construcción de viviendas; establecimiento de peajes en la ciudad e interurbanos para financiar obras que se entreguen en concesión; incremento de las tarifas del Impuesto predial; recuperación de los ejidos y baldíos que se encuentran en manos de particulares; políticas para la protección de las cuencas hidrográficas en Cali y en el departamento y para la seguridad alimentaria; entrega de la operación, control y manejo de las principales empresas del Departamento del Valle a particulares manteniendo su naturaleza pública, al igual que la entrega de la operación, control y manejo del componente de telecomunicaciones de EMCALI a los llamados inversionistas privados manteniendo su naturaleza de pública; la forma en que aspiran asumir los graves problemas en salud referidos a la crisis económica de los hospitales públicos como el HUV, el de Cartago hoy cerrado, etc. y la vigilancia para que la prestación del servicio a los pacientes sea ágil, inmediata y respetuosa de sus derechos, asuntos estos que deben tratarse en el seno del concejo y de la asamblea departamental.
La ciudad y el país requieren cambios para profundizar la democracia y darle las garantías a los ciudadanos para el ejercicio de los derechos fundamentales y Derechos Humanos con el fin de que los principios y fines en que se funda el Estado Social de Derecho sean los que determinen el ejercicio de la función pública, convertida en simple asistencialismo en que el Estado desempeña el papel de entidad de beneficencia lo cual nada tiene que ver con el principio de solidaridad establecido en la Constitución.
Desconocer el contenido de los programas de gobierno, es permitir que la política continúe “farandulizada” en donde lo que se impone es la imagen y las frases o palabras impactantes de corte exclusivamente publicitario pero sin ningún contenido en cuanto a lo que debe ser la función pública y el compromiso con los electores y la vocación de servicio público de quienes resulten elegidos.
Invitamos a todos los ciudadanos y potenciales electores a reflexionar sobre los asuntos expuestos y el deber moral y político de cumplir con la obligación constitucional de elegir a aquellos candidatos más capaces y diligentes que mejor representen y defiendan los intereses comunes de la población, circunstancia ésta difícil de predicar de quienes hoy se presentan como candidatos, lo cual podría llevar a los ciudadanos a optar por el voto en blanco como una forma de expresión de la conciencia de quienes no están de acuerdo ni con los candidatos ni con el manejo de la política en la ciudad y el departamento.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social