Con pruebas contundentes en la mano, la familia Gómez se ha enfrentado sola y durante 20 años al ente acusador sin que se haya logrado obtener el decreto de las pruebas que podrían esclarecer el caso. Veinte años más tarde, la Fiscalía parece el agente encargado de garantizar la impunidad del magnicidio; cómo no deplorar y denunciar su cínica y desvergonzada actitud. Con todos estos días sin resolver nada, se ha empeñado el Fiscal Montealegre en negarle a este magnicidio el calificativo de lesa humanidad que impediría que prescriba, pese a que casos similares han sido calificados así para permitir las investigaciones.
Gómez era periodista, redactor, caricaturista, director de diarios. Fue varias veces concejal, a sus 25 años fue elegido Representante a la Cámara y a sus 32 Senador de la República. Fue Embajador ante Suiza, Italia y Estados Unidos. En tres ocasiones fue candidato a la Presidencia de la República. Victima del secuestro en 1988 por el M19, también fue Presidente de la Constituyente 1991. Finalmente asesinado cuando su voz se alzó contra la corrupción del narcoterrorismo con sus tentáculos pretendía hacerse a la representación política.
Ahora no quisiera evocar al profesor asesinado mientras salía de dictar su cátedra sobre “cultura colombiana”, ni al periodista silenciado por encabezar desde la prensa la principal oposición pacífica a un gobierno cuestionado. Quisiera en cambio recordar al mártir de la democracia, que desde las vicisitudes de nuestra Colombia ya presentía su destino:
“Ser abatido por ráfagas de ametralladora como parecía ser mi suerte, no debía considerarse como un infortunio singular, quizás no era un bel morir pero en las actuales circunstancias del país, una muerte así podía ser un sacrificio útil, sino la creación de un símbolo que convocara un movimiento de restauración nacional”.
Quizás la impunidad sea el lógico corolario de esta tragedia. Tantos años después nos amarga el corazón no solo la impune muerte del querido líder, sino la frustración patente de sus anhelos mas elevados. El gobierno Santos avanza por la senda del irrespeto a las instituciones, la estigmatización de la oposición política y la redención y premio del narcoterrorismo, cuyo nombre solo ha mutado. El país sigue sin oír la voz de Gómez, que hoy reclama: “La divina voz del pueblo es la que debemos seguir, y no la de las subametralladoras.”
Quiera Dios que nuestros jóvenes puedan vivir algún día el país como lo soñó Álvaro Gómez; y que los abusos presentes inviten a una resistencia cívica que restaure nuestra dolida Nación.