Por: Redacción Caliescribe.com
A partir de la Constitución del 1991, Colombia inició una etapa de modernización en sus servicios públicos, en ese entonces, prestados por el estado. Al ritmo de las nuevas tecnologías apareció el gas domiciliario, la televisión por cable y satelital, la telefonía celular seguida por la banda ancha de internet.
Cuando el negocio de voz y datos empezó a perfilarse como uno de los más lucrativos del mundo, las multinacionales, de la mano de las potencias, empezaron a explorar nuevas fuentes de capital diferentes a los bienes copados como los comodities. Vino la puja por la joya de corona: los servicios públicos.
La globalización empezó con las telecomunicaciones, logrando en américa latina su ejemplo de mostrar con Telmex, célebre empresa adquirida por el magnate Carlos Slim, ahora el hombre más rico del mundo.
En Colombia años de malas administraciones quebraron negocios rentables como Telecom (ahora comprada por Telefónica de España) y se espera que pase lo mismo con ETB.
Le siguieron otros servicios urbanos, empezando por los menos vitales como iluminación y basuras, para luego dar el paso a los sensibles como energía y agua.
No se trató tanto de políticas de gobierno como de directrices externas impuestas a través del ‘consenso de Washington’ (el BM, el FMI, la OMC) donde ‘privatización’ era el 8° punto.
El proceder es simple, los organismos multilaterales ofrecen créditos ‘blandos’ a cambio de la imposición de políticas de ‘saneamiento’ cuyo trasfondo es claro: en adelante, los servicios públicos no serán un derecho ciudadano sino un negocio. Y cuando eso pasa sólo hay dos cosas posibles, alza de tarifas y cero inversión social.
Esto ya pasó con la salud y la educación, sólo faltaban los servicios públicos, y desde los 90 se han venido privatizando.
El ejemplo penosamente célebre para Colombia fue la firma del documento conocido como: ‘Acta de Compromiso’ firmada con el FMI, donde las ayudas estaban “condicionadas a la privatización de ISA, Isagen y las electrificadoras regionales”, casualmente las empresas públicas más rentables del país.
Parejamente, los gobiernos municipales, alegando corrupción o improductividad, vieron la oportunidad de vender sus participaciones en empresas públicas obteniendo grandes beneficios en la transacción.
Fue así como perdimos, en primera medida, el Alumbrado Público, que EMCALI entregó a Megaproyectos, seguidamente se vino un aumento en este rubro, otrora despreciable.
El siguiente golpe a las finanzas del ciudadano vino con los ajustes en las compensaciones de alcantarillado, que con el pasar de los años, y para sorpresa de todos, se convirtió en algo tan costoso como el agua. Lo que inició con inversiones ‘extraordinarias’ en plantas PTAR, se tradujo en recargos descarados que se mantuvieron con el tiempo.
Con la triste privatización de Emsirva en 2009, en manos de la interventora Evamaría Uribe, el servicio de las basuras de Cali se volvió un negocio que se dividieron entre varias empresas, aunque el pasivo de la vieja empresa siguió con el municipio.
Con la privatización de la quebrada Emsirva, se multiplicó el valor de la factura de los caleños, al costearse también la disposición final (ahora hasta Yotoco) y cargar sobre el usuario todo el proceso, lo que antes asumía el estado.
Otros servicios menos vitales, como telefonía e internet, aún prestados por Emcali, están en mora de ser privatizado gracias a las acéfalas administraciones que han ido descapitalizando y dejando de invertir en este negocio.
El ciudadano promedio, paga hoy hasta 10 servicios públicos mensuales, que para los estratos del 1 al 5 se volvió una carga enorme, como vemos a continuación:
1. Agua
2. Energía
3. Telefonía fija
4. Gas domiciliario
5. Alcantarillado
6. Aseo, recolección y disposición final de basuras
7. Alumbrado público
8. Teléfono celular
9. Internet
10. Televisión por cable o satelital
Para completar el rosario de males, Colombia se niveló en costos de los servicios públicos con los países desarrollados, pero no en ingreso per cápita, con lo que tenemos unos servicios malos y caros, al igual que unos ingresos bajos, nada comparables con los ingresos de los países industrializados.
Con esto, paulatinamente se desmejora la capacidad de consumo e inversión de los colombianos, y su posibilidad de tener una mayor calidad de vida, a la par que se le mete un palo de rueda a la economía, que como todos sabemos, podría crecer más de tener un consumo saludable.
Gasolina y transporte, un lujo cada vez más caro
Con los sistemáticos incrementos de los combustibles plateados desde la administración de Álvaro Uribe, exagerados y descarados, el trasporte se convirtió en un rubro cada vez más costoso para el ciudadano común.
Según el senador Luis Fernando Velasco, en debate el pasado 10 de mayo, explicó como los precios de la gasolina en Colombia están inflados y una parte importante de las ganancias va a los bolsillos de los particulares: “No es lógico, no tiene equilibrio, racionalidad, que tengamos una fórmula inflada para pagar combustibles en Colombia, y que de esa fórmula inflada el 40 por ciento del costo vaya a parar a bolsillos particulares”.
En ese sentido, los colombianos cada día se visten menos, comen menos y se entretienen menos, a costo de una gasolina que se está llevando buena parte de la canasta familiar. Con ello, el nivel de satisfacción es menor al sentirse obligado y comprometido en atender primero las costosas necesidades básicas.
A futuro, nuestros gobernantes deberían de trabajar en la disminución de la brecha social entre ricos y pobres que cada día se acrecienta, especialmente al no tener recursos para atender un mejoramiento en su nivel educativo y de su calidad alimentaria.