Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El compromiso de los servidores públicos dentro de los cuales se incluyen no solo al alcalde y los secretarios del despacho sino a los integrantes del Concejo Municipal, órganos de control y gerentes de las empresas del municipio, no solo radica en ejercer la función administrativa al servicio de los intereses generales (comunes), si no de actuar de conformidad con los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, concordante con el articulo 2 ibídem que consagra los fines y objetivos del Estado Social de Derecho.
De lo anterior se desprende de manera clara y fehaciente que el ejercicio de la función administrativa demanda de una gran responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos y en particular de los recursos fiscales que se nutren en lo fundamental con los impuestos, contribuciones, tasas, tarifas, etc., que pagan los contribuyentes, los cuales deben ser invertidos atendiendo los principios anotados anteriormente.
Según informes conocidos por la opinión publica en torno a los contratos millonarios celebrados en la última década por EMCALI para resolver el problema de las pérdidas continuas de agua, tenemos que el remedio ha sido peor que la enfermedad en tanto que dichas pérdidas en lugar de disminuir han crecido pasando de un 34% en el 2005 al 57% en la actualidad. Para tal efecto se invirtieron un total aproximado a los 177 mil millones de pesos sin obtener ningún resultado positivo, al tiempo que el actual gerente de acueducto y alcantarillado considera que la solución está en firmar un nuevo contrato por 6.564 millones de pesos, el cual según directivos de SINTRAEMCALI ya se inició y asciende a 12 mil millones de pesos en virtud de un nuevo otro sí por medio del cual se prolongará el contrato de marras.
La pregunta que se formulan los caleños de manera reiterada es: ¿quién responderá desde el punto de vista administrativo por semejante despilfarro de los dineros públicos, incluidos los funcionarios que ocupaban y ocupan los altos cargos de la empresa?
Detrás de este panorama se oculta el propósito de apropiarse mediante contratos de los recursos públicos, frente a los cuales el alcalde de turno y quien lo reemplazará en el cargo poco o nada han dicho y lo que es peor no exigirán responsabilidades de ninguna especie a quienes se han desempeñado como administradores de la empresa.
El otro caso emblemático de irresponsabilidad lo constituye el manejo que se le ha dado al MIO y en general a la empresa METROCALI, no obstante que en este año se han logrado alcanzar los 500 mil pasajeros diarios, cantidad ésta que resulta insuficiente ante la creciente demanda de pasajeros que el sistema no puede satisfacer debido a diferentes factores derivados en buena parte de la lucha competitiva entre los operadores que hace que algunos de ellos no les alcancen los ingresos que perciben por el negocio que tiende a convertirse en un gran monopolio privado. Lo grave de todo esto es que METROCALI continúa entregando millonarias sumas de dinero a los operadores e incrementando las tarifas del transporte con conocimiento de causa de que el sistema atraviesa por una quiebra técnica que amerita la intervención de la Superintendencia de Transporte.
Pero además han pasado más de nueve años desde el momento en que METROCALI se comprometió a terminar y completar la infraestructura del sistema, encontrándose pendientes la construcción de varias estaciones y talleres, a lo que debe sumarse el despilfarro de los recursos en favor de determinados contratistas tal como sucedió con el caso de la construcción CALIMA.
La cuestión es que hasta ahora nadie responde por todo este deterioro del patrimonio público en contra de la ciudad y los caleños, aunque el alcalde electo Armitage ha manifestado que una de sus prioridades será atender la situación del MIO y de METROCALI, circunstancia ésta que los caleños reciben con escepticismo, dado que los gobernantes son proclives a no utilizar el denominado espejo retrovisor para establecer las responsabilidades que le caben a los funcionarios en lo que puede calificarse como una omisión deliberada, objeto de responsabilidad política y administrativa según el artículo sexto de la Const. Política.
La Paz con Justicia Social demanda de los gobernantes responsabilidad por sus actos en ejercicio de sus funciones administrativas y en particular de la ciudad de Cali sumida en una crisis recurrente de carácter institucional y de responsabilidad en el manejo de la cosa pública.
A los lectores, colaboradores de Caliescribe.com y a los caleños les enviamos nuestro saludo y felicidades con ocasión del nuevo año que demanda de una mayor participación ciudadana y decisión de afrontar los retos que la nueva etapa de la vida política nacional nos exige.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social