Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La posibilidad de construir la paz en Colombia no depende ni dependerá como lo han señalado algunos personajes de la vida nacional de la simple implementación del plan Colombia y del plan PAZ PARA COLOMBIA.
La ejecución del llamado Plan Colombia trajo para sus distintos beneficiarios grandes logros económicos, políticos, militares y sociales, cuyos frutos se vieron reflejados en los nuevos acuerdos que se cristalizaron con la aprobación de los TLC mientras se incrementaba la dependencia económica, política y militar del Estado colombiano frente al gobierno americano, al tiempo que se aumentaba sustancialmente la violencia en amplias regiones del país particularmente en donde se desarrollaba la confrontación armada que hoy nutre las estadísticas de víctimas, desplazados, destrucción del medio ambiente, etc.
Durante el período de 15 años de vigencia del Plan Colombia los gobiernos de turno procedieron a combinar las acciones políticas, militares y sociales para combatir a la insurgencia en lo que podría calificarse como una réplica de la estrategia utilizada por la insurgencia de la combinación de todas las formas de lucha, a la cual se refiere el ex presidente Pastrana en varios de sus reportajes recientes y que también llevó a cabo en la práctica el gobierno del presidente Santos en medio de los diálogos de paz que finalmente han hecho posible acordar una solución pacífica del conflicto armado que ha vivido el país.
Aunque el citado Plan Colombia contiene un componente social, la mayor parte de su contenido estuvo destinado a tratar aspectos económicos, políticos y militares, los cuales han sido duramente criticados por diferentes sectores sociales y políticos que han considerado que el mismo no cumplió con sus objetivos o simplemente dilató el desarrollo del proceso de paz.
En este sentido algunos representantes del establecimiento como por ejemplo el Senador Horacio Serpa afirmó que los objetivos del Plan Colombia no se cumplieron en razón de que no fue posible derrotar el narcotráfico ni erradicar los cultivos de coca y marihuana, que por cierto se han extendido significativamente en varias regiones del país, al tiempo que tampoco fue posible derrotar a la guerrilla de las FARC-EP, que hoy negocia en igualdad de condiciones con el gobierno del presidente Santos, en La Habana (Cuba).
Por su parte el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez ha expresado a través de los medios de comunicación sus críticas en el sentido de que el gobierno de Santos debilitó la parte militar del plan ligada a la política de seguridad democrática para abrirle paso a la negociación con la insurgencia con la cual ha hecho varios acuerdos en materia de desarrollo rural, justicia transicional y participación política que generan impunidad.
Por otra parte habrá que señalar que el costo del Plan Colombia arroja un desbalance en materia económica y financiera que afectó las finanzas y el presupuesto del Estado destinado al mantenimiento del aparato militar estimado en más de cien mil millones de dólares, mientras que el aporte del gobierno americano ascendió a diez mil millones de dólares aproximadamente durante los quince años de su vigencia. Sus beneficiarios y defensores podrán decir que este esfuerzo valió la pena pues gracias a él fue posible llevar a la mesa de negociación a las FARC-EP, circunstancia ésta que sin embargo fue producto de un acto unilateral de la insurgencia que desde hace varias décadas atrás planteó la necesidad de los diálogos por la paz para convenir una solución pacífica del conflicto armado en Colombia, hechos estos que fueron torpedeados en varias ocasiones por los sectores militaristas pertenecientes a diferentes grupos económicos y políticos incrustados en el poder del Estado.
La posible aprobación del nuevo Plan denominado “PAZ PARA COLOMBIA” hace parte de la política de contención empleada por USA utilizada para garantizar la seguridad e institucionalidad del Estado y el control en los territorios en donde se ha desarrollado básicamente el conflicto armado, además de suministrar los recursos para desarrollar el componente social y atender los problemas relacionados con el desplazamiento, desmovilización e inserción de los insurgentes en la vida social, al igual que el apoyo a las víctimas del conflicto armado.
Independientemente de que se ratifique el mencionado Plan, las fuerzas políticas, sociales y regionales deberán exigir al gobierno del presidente Santos que se desmonte el multimillonario presupuesto de guerra y se destinen dichos recursos a resolver los problemas que afronta el país y los colombianos, ligados a las exigencias que demanda el aclimatamiento de la Paz en aquellas regiones del conflicto armado y en todas aquellas zonas en donde cunde la pobreza, la inequidad y la desigualdad social y sus habitantes carecen de los más elementales bienes y servicios, frente a los cuales el Estado ha estado ausente y en muchos casos ha sido un convidado de piedra o ha actuado en contra de la comunidad para favorecer intereses de clase, grupo o personales por encima del interés general consagrado en la Constitución Política.
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