Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La determinación del gobierno del presidente Santos de no comparecer más ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual se declaró competente para conocer de las demandas presentadas por el gobierno de Nicaragua contra Colombia, no puede considerarse como una acción inequívoca de defensa del orden jurídico nacional e internacional y mucho menos como una manifestación de defensa de la soberanía nacional, que en este caso se identifica con un falso nacionalismo que por lo demás puede generar un ambiente de hostilidad y enemistad con el pueblo de Nicaragua, que no se corresponde con la realidad ni justifica el desacato a los fallos del alto tribunal de justicia internacional.
Tal precedente podría servir como ejemplo para desconocer las normas del derecho internacional que rigen para todos los Estados que han aceptado la jurisdicción de la CIJ y comparativamente con el derecho interno de Colombia frente al cual cualquier ciudadano podría desconocer las sentencias en el caso de que no lo favorecieran determinadas decisiones judiciales, en lo que pudiera calificarse como una clara y ostensible violación del principio de legalidad.
Ahora bien, la peor de todas las decisiones es la de retirarse del tribunal y renunciar al debate jurídico-técnico, lo que equivale a dejar que Nicaragua aproveche los recursos e instancias jurídicas para afianzar sus eventuales pretensiones en contra de nuestro país, sin ninguna controversia ni debate jurídico de los derechos que le corresponden histórica y jurídicamente al Estado colombiano.
Lo más grave de este asunto es que Nicaragua puede solicitar al tribunal que falle en su favor ante la no comparecencia de Colombia, al tenor de lo establecido en el No. 1 del artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que a la letra dice: “1.- Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”.
Los colombianos debemos unirnos para defender la soberanía territorial y marítima del país, exigiéndole al gobierno de turno, que por ningún motivo se abstenga de participar como sujeto activo del proceso jurídico técnico y presente las pruebas concernientes a demostrar el ejercicio de nuestra soberanía como titular de los derechos al respecto, amparados histórica y jurídicamente por el derecho internacional, los tratados y demás acuerdos suscritos por Colombia a través de toda su historia jurídica y diplomática.
De no procederse en tal sentido se estaría dando pie para que se produzca un nuevo fallo desfavorable a los intereses del Estado Colombiano, que hoy se pretende enfrentar a partir de una falsa solidaridad que linda con el nacionalismo hirsuto y el chauvinismo a ultranza, más allá de los cuales lo que le espera al país es la multiplicación de sus problemas y tensiones internacionales, que bien pudieran resolverse a través de la búsqueda de una solución jurídica y diplomática que consulte los intereses de ambos Estados.
No nos dejemos embaucar ni seducir con la vocinglería y las acciones desmedidas de los gobernantes y representantes de las clases económica y políticamente dominantes, que en esta oportunidad aparecen rasgándose las vestiduras y saliendo a la palestra pública a invocar la solidaridad de clase para impresionar a la comunidad internacional y aparecer como abanderados de la soberanía y el respeto del derecho internacional, cuando al interior del país no cumplen con los acuerdos políticos y sociales suscritos con los campesinos, transportadores, estudiantes, empleados y trabajadores de la salud, etc., que hoy padecen los rigores del desempleo, las privatizaciones, el alza de los precios de los productos básicos, la inseguridad y los efectos de la desaceleración de la economía nacional.
Es necesario desenmascarar esta falsa moral que deviene del individualismo chauvinista, que hoy pretende imponerle al pueblo colombiano una línea de conducta contraria a la verdadera solidaridad y espíritu patriótico que deben guiar a los ciudadanos que abogan por una solución pacífica de los conflictos internos e internacionales, como la forma más adecuada y consecuente de resolverlos y de avanzar por los caminos de la paz estable y duradera con justicia social y bienestar general en igualdad de condiciones para todos los colombianos.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social