Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La extensión de la medida de pico y placa ó su compensación por el pago de un gravamen a los propietarios del transporte particular so pretexto de reducir la congestión y mejorar la movilidad, constituye en el fondo una forma de beneficiar a los operadores del MIO que desde que empezó a funcionar no han estado en condiciones de atender la demanda solvente de pasajeros, debido a la mala planeación, improvisación e imposición del sistema que hoy atraviesa por una quiebra técnica.
Tal medida que es coyuntural, constituye una improvisación más en el manejo del transporte público MIO que no toma en consideración las causas reales que generan la mala calidad en la prestación del servicio derivada del hecho de que en los 8 años de operación no pudo encontrar el punto de equilibrio entre oferta y demanda de pasajeros ocasionado un desequilibrio económico y financiero que no se soluciona restringiendo el uso del carro particular o imponiendo un peaje por utilizarlo en los días en que rija la medida de pico y placa.
Las decisiones ocasionales van más allá de la ampliación semanal del día de pico y placa y el pago del peaje u otro tributo para movilizarse en el carro en los días de restricción vehicular, como la que anunció el presidente de METROCALI de destinar para los articulados algunas vías arterias o vías principales que serían de uso exclusivo del MIO, con lo cual además de privatizar lo que es público se le quita a la ciudad el uso de vías, que implicaría modificar el POT según lo ha anunciado el director de planeación municipal que no indicó en que consistirían las modificaciones pero seguramente algunas tienen que ver con este aspecto.
En otras ocasiones hemos señalado en nuestros escritos que los servidores públicos a diferencia de los particulares no pueden hacer sino aquello que les es permitido de acuerdo con la Constitución y la ley, ya que de otra manera incurrirían en responsabilidades y en delitos en virtud de su conducta omisiva o por extralimitación de funciones.
Por otra parte en desarrollo de la función administrativa el servidor público debe estar al servicio del interés general con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad tal como lo ordena la Constitución Política de Colombia. No obstante, el alcalde no parece tenerlos en cuenta al momento de implementar las medidas que a nuestro juicio trasgreden el orden jurídico y generan una distorsión de la función administrativa.
Con la extensión de las medidas de pico y placa o su compensación por el pago de un gravamen (impuesto, contribución, tasa, peaje, etc.) que se impondría a los propietarios del transporte particular que conduzcan sus vehículos en los días que opere dicha medida, se pretende satisfacer los deseos del alcalde de mejorar supuestamente la movilidad, lo que por supuesto ha generado un gran malestar y descontento en la población debido a su inconveniencia e incoherencia con respecto al estudio de otros factores de carácter técnico, urbanístico, etc., que deben tenerse en cuenta al momento de regular la movilidad en la ciudad.
La decisión de destinar al MIO el uso exclusivo de algunas vías arterias o principales, es un despropósito que confirma aun más que los citados funcionarios so pretexto de defender el interés general lo que hacen es privilegiar el interés particular de unos operadores privados que luego de siete años de operar el transporte masivo, prestan un servicio deficiente y de mala calidad que no se compadece con el esfuerzo que hacen los usuarios y la administración que solo en el año pasado le entregó 90 mil millones de pesos para atender las necesidades del sistema y ahora aspiran recibir con la ampliación de la medida de pico y placa la cantidad de 35 mil millones de pesos, con la cual se dice se mejorará el servicio del Masivo Integral.
Al alcalde habrá que recordarle que durante la campaña electoral prometió a sus potenciales electores que de ser elegido alcalde, durante su mandato iría suprimiendo paulatinamente el pico y placa y no impondría peajes al interior de la ciudad, hechos estos que contradicen sus promesas de campaña y lo retratan como un gran transgresor de la voluntad popular del pueblo de Cali.
La quiebra técnica del MIO obedece a la mala estructuración del sistema de transporte masivo que no se soluciona obligando a quienes se movilizan en carro particular a utilizar el transporte público porque esto atenta contra los principios relacionados con la libertad de utilizar el transporte que el ciudadano prefiera y todo dependerá de la buena calidad y eficiencia con la que se preste el servicio público.
ADENDA:La construcción de la paz con justicia social en la etapa del post acuerdo demanda de la participación y decisión de los ciudadanos, para lo cual debe convocarse un Cabildo Abierto para tratar los problemas generales y las posibles soluciones a los mismos con relación no solo a la paz sino a la seguridad, empleo, movilidad, servicios públicos, etc.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social