Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Existen por lo menos tres grandes temas en la actualidad que suscitan una gran preocupación en el seno de la sociedad, los cuales deben ser objeto de la reflexión de los ciudadanos.
El primero de los temas que proponemos se refiere al aplazamiento de la firma del acuerdo de paz que según el gobierno debería realizarse el 23 de marzo pasado y que por diversos motivos no se llevó a cabo, desconociéndose hasta el momento el día en que se producirá dicho evento de gran importancia y significación política para el pueblo colombiano.
El hecho que antecede a dicha circunstancia estuvo precedida de la actitud asumida por el presidente Santos quién en su momento anunció con bombos y platillos que el acuerdo de paz, se firmaría de manera definitiva e improrrogable en la fecha mencionada, al tiempo que la insurgencia enfatizó en el hecho de que la misma no había sido acordada por las partes en la mesa de negociación y por tanto no podía tenerse como cierta para los efectos atinentes al desarrollo del proceso de paz, ya que existían varios puntos de la agenda que no habían sido evacuados en su totalidad.
Posteriormente el presidente Santos en reciente alocución manifestó que preferiría “aplazar unas semanas más la firma del acuerdo antes de suscribir un mal acuerdo”. A estas alturas lo que se sabe es que habrá una hoja de ruta para finiquitar los asuntos pendientes y probablemente fijar una fecha razonable para suscribir el acuerdo en el transcurso de este año, todo ello conforme al cumplimiento del principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo que implica que ninguna de las partes puede imponerle su voluntad a la otra, sin que con ello se malogre el buen suceso de la paz que nos debe llevar a la terminación definitiva del conflicto armado y no a la simple implementación de una serie de medidas afines a la imposición de una “pax armada”, de la cual participan algunos sectores políticos y sociales que se oponen a la construcción de una paz con democracia y justicia social de carácter estable y duradero.
El otro tema de reflexión tiene que ver con la situación que vive el país en la actualidad relacionada con el bajo crecimiento y desarrollo de su economía estimado por el FMI en un 2.5% del PIB, el cual puede prolongarse hasta el año 2020, como producto del proceso de desaceleración económica que tiende a agravarse aparejado con el crecimiento de la inflación y el desempleo que aumentó en enero de este año lo cual está acorde con la reducción en el 50% del crecimiento de la economía, sin que el gobierno pueda detener sus efectos perniciosos generados por un conjunto de factores internos y externos propios de la economía capitalista neo-liberal globalizada caracterizada por la repetición de sus crisis que generan una mayor inseguridad e inestabilidad económica y política y traen una mayor desigual e injusticia social.
Lo anterior no significa que no existan alternativas para salir de la crisis en que se sumerge el país cada vez más. Para ello habrá que pasar de las discusiones y debates interminables a la materialización de las tareas cuyo cumplimiento nos acerquen al cambio y transformación social que requiere el país con la ampliación de la democracia y la incorporación de nuevas fuerzas políticas y sociales en el manejo de los asuntos del Estado y de la sociedad. Por lo pronto, el país y la ciudad tendrán que enfrentar en los territorios a los desempleados, desmovilizados y a los desplazados, sin que se vislumbren los medios para asumir estos retos que garanticen en forma real la incorporación de miles de ciudadanos al mercado laboral formal.
Otro tema de reflexión es el relacionado con la crisis energética y del agua cuyos efectos previsibles no exoneran al gobierno de su responsabilidad, en tanto no se tomaron las medidas oportunas para mitigar las consecuencias de un posible racionamiento mientras se privatizaron las empresas estatales del sector creando el cargo por confiabilidad en favor de las térmicas para garantizarle al país la generación de energía por escasez de agua y un subsidio en diciembre del año anterior con el fin de compensar la diferencia en el costo del precio de los combustibles líquidos y el gas, ello con el fin de solventar los efectos en épocas de crisis como la actual, sin que el sector privado diera los resultados esperados en materia energética anunciando la devolución de las plantas en el próximo mes de Mayo.
En tanto el gobierno obliga a los ciudadanos al ahorro de energía y agua, las autoridades del sector energético anuncian la posibilidad de cortes programados de los servicios públicos cuya prestación dependerá según se dice de la prolongación del fenómeno natural de El Niño.
La reflexión sobre este tema debe llevar a los ciudadanos a la conclusión de que es necesario cambiar el modelo energético de generación, distribución, transporte y prestación de los servicios públicos convertido en un negocio en manos del sector privado y de las multinacionales que hoy les generan pingues utilidades a costa del incremento de las tarifas de los servicios públicos.
Lo anterior es una clara manifestación de la incapacidad e improvisación del gobierno Santos en resolver los problemas que afronta el país y que comprometen su futuro en materias esenciales como el crecimiento económico, el desarrollo energético y la construcción de la Paz, en condiciones reales de creación de una nueva sociedad mas libre, equitativa y con justicia social.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social