Por Jaime Salazar C.
Como una estocada mortal a la constitución califican analistas la reforma de ‘Sostenibilidad Fiscal’ lista para sanción presidencial; fractura la Columna vertebral de la Constitución: su carta de derechos. Se siembra un concepto nefasto para los fallos de tutela. “Ya no hay plata para pagar sus derechos” temen analistas que sea ahora la respuesta.
El decano de economía de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria iniciaba una de sus más recientes columnas con la demoledora frase: “Colombia es el nuevo campeón latinoamericano de la desigualdad”. Las cifras del BM y la CEPAL revelan una triste verdad, el abismo entre ricos y pobres de Colombia es el mayor del continente, por encima de Brasil quien antes nos precedía.
Estas cifras aparecen precisamente en el aniversario 20 de nuestra Constitución Política, cuando gente de diversos sectores celebra los logros casi ‘milagrosos’ de la Carta Magna. Sorprende que un país tan desigual, flamante media tabla de los estados fallidos, conmemore este natalicio con bombos y platillos, y no en clave de preocupación.
Inicialmente, diremos que entre los grandes logros de la Constitución está su carta de derechos, una de las más completas y elogiadas del continente, y claro, la admiradaTutela, herramienta jurídica que alcanza los 3 millones de recursos, arma por excelencia de los colombianos para reclamar sus derechos fundamentales vulnerados.
Otro logro importante fue la inclusión de una ‘directriz’ que dictaminó la Prioridad Social de la política fiscal. De hecho, los artículos 350 y 366 de la Constitución repiten la misma frase: “el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación".
Hasta aquí todo bien. Entrevistado por El Espectador el ex constituyente Antonio Navarro Wolf resaltó, además, la legitimidad que ganaron las instituciones: “antes vivíamos en estado de sitio permanente, hoy no hay Presidente que pueda abusar de los estados de excepción. La independencia de las ramas del poder público ha dado resultados como la prohibición de la tercera elección de Uribe o el juicio a decenas de congresistas. Se generó también un respeto y reconocimiento a las minorías, estableciéndose una democracia mucho más moderna.
Pero no todo lo que brilla…
En su discurso de Conmemoración, el presidente Santos dijo que la Constitución (a la manera de Rousseau), era el gran Contrato Social entre los colombianos: “una hoja de ruta, moderna, incluyente, pluralista, garantista, que nos ha permitido sortear épocas difíciles sin desviarnos del rumbo de la democracia”.
Se refería al mismo acuerdo que en su artículo 333 abrió las puertas al consenso de Washington, y por este camino, en el año 93 se masificó la privatización “de las empresas de comunicaciones, electricidad, explotación de recursos naturales, y aún más grave, se propició la entrega de los servicios básicos y el suministro de bienes públicos a los agentes privados”, comenta el experto en economía Eduardo Sarmiento en su columna del Espectador.
Tanta emoción democrática, tanto apoyo de los ‘grandes’ (Santo Domingo, Ardilla Lulle, Sarmiento Angulo, el sindicato Antioqueño, los azucareros del Valle y Hernando Santos) despertabas suspicacias. Era difícil que la Carta rehuyeralos macro-interés de los dueños del País, su papel en los grandes negocios. Con la desmovilización del M-19 y el respaldo juvenil, aún faltaba reglamentar los artículos constitucionales, que permitió la venta de las joyas de la corona, como el sector eléctrico y el resto de servicios públicos (otrora monopolio del estado), y claro, faltaba la reforma a la salud.
Vino la Ley 100, que indudablemente aumentó la cobertura de atención en la salud de los colombianos, con un SISBEN acorde con la pobreza del país, pero que no ha podido dar una salud de calidad. Aparecieron los nuevos millonarios de las EPS que se han lucrado estos 20 años a causa del sufrimiento de todo un pueblo. Ahora los malos ejemplos son muchos, el sonado es Salucoop, que creció 47 veces desde $2500 millones de patrimonio hasta los $425mil millones, pasando de una modesta clínica a tener 37, son las mieles del lobby enquistado en el estado, los funcionarios corruptos y la integración vertical.
Por el mismo camino, la Constitución abrió la puerta al lucro individual con las pensiones de nuestros padres y abuelos, muchos de los cuales aún se pelean en largas filas para reclamar sus pensiones; Según Eduardo Sarmiento, los fondos privados (AFP) sólo pueden pagar pensiones equivalentes a la quinta parte del ingreso promedio, es decir que no son viables y esto debe modificarse prontamente.
¿Estado social… de derecho?
Es claro que la Constitución del 91 no era la panacea, no podía serlo porque aún faltaba seguir desarrollando sus preceptos reglamentar su extenso articulado, aún faltaba convertir algunos etéreos conceptos al castellano de los juzgados (¡y los hábiles abogados o leguleyos!), aún faltaba que le metieran la mano miles de congresistas en dos décadas de legislaturas y también que le dieran interpretaciones y ajustes de los más variopintos calibres e intereses.
De hecho, la Asamblea del 91previó estos cambios y dispuso que las reformas fueran legislativamente largas, con 8 debates para Actos Legislativos; y creó además la Corte Constitucional (ente providencial), vigilante que ha sido un hábil equilibrista entre presiones y embates, con resultados tan positivos como el freno al abuso del UPAC y la desenmascarada del sector financiero.
Y aún le faltaban a nuestra Constitución los 31 ‘reparcheos’ que ha sufrido en estos 20 años de contra-reformas; quien compre la ‘versión 2011’de la Constitución Políticaabrirá una colcha de retazos sólo comparable al Estatuto Tributario en modificaciones de letra menuda.
Estos actos legislativos sobrevinieron con los Congresos de turno, haciendo retoques, reviviendo privilegios o ‘reajustando rumbos’, tal como el célebre ‘artículito’ para reelegir a una persona. Para el constitucionalista Manuel Cepeda “Ninguna reforma constitucional le ha quebrado una vértebra a la Carta del 91”… hasta ahora, pero él fue el gran autor constitucional de la reelección presidencial, pues en la teoría constitucional de pesos y contrapesos, si fallaban los políticos estaba la Corte Constitucional para hacer el equilibrio y finalmente su padre salió embajador en Francia.
Y qué decir de las adjudicaciones a los canales privados de Televisión. Ya se les olvidó a intelectuales y políticos de izquierda y derecha que para poder adjudicarlos, debieron cambiar una ley que protegía la normatividad constitucional que evitaba los monopolio. Y con esta Constitución que hoy evaluamos, el monopolio de los medios de comunicación fue mayor y por ende la brecha entre ricos y pobres creció, tema que no es del presente análisis.
En el 2002 Uribe prometió convocar otra Asamblea Nacional Constituyente para reformar de fondo, pero fue persuadido por los gremios porque detenía el crecimiento. Perdió Colombia esa oportunidad y el Congreso no ha sido capaz de auto-reformarse; llevamos muchos actos legislativos retrocediendo la democracia, como en el caso de aquel que creó el umbral y la cifra repartidora en donde los congresistas se autodefinían como constituyentes. Como crear la cultura política en el país y de allí a un voto obligatorio, es una tarea constitucional.
Gobierno Santos y Congreso guillotinan la constitución
Quizá en 20 años y 30 reformas, no habíamos visto un cambio tan abrupto y retrogrado como el propuesto por el llamado “Proyecto de Sostenibilidad fiscal” sancionado al cierre de la edición. Una estocada muy grave al Estado Social de derecho, que pone nuestros derechos, tan largamente peleados, en manos de tecnócratas centralistas que decidirán si hay plata o no para garantizarlos.
En entrevista exclusiva con Caliescribe.com, el prestigioso ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo criticó duramente éste proyecto:
“Es un acto legislativo nefasto, pues supedita los derechos al concepto de ‘Sostenibilidad Fiscal’, un concepto vago, vacío que los burócratas llenarán en cada momento; lo que la Constitución del 91 consagró hace 20 años, el Estado Social de Derecho y la efectividad de los derechos de las personas queda sometido a un criterio completamente extraño a la misma Constitución, pero que le introdujeron a la misma: la sostenibilidad fiscal”.
Algunos analistas políticos aseguran que este era el esperado proyecto que se traía la Unidad Nacional entre manos para recortarle los poderes a la Corte Constitucional; el ex magistrado Hernández, cree que es: “una respuesta, no sólo a los fallos de la Corte Constitucional, sino a las ideas plasmadas por los mismos constituyentes, en el artículo 334, o el 335, o como todas las normas que consagran los derechos a la salud, a la seguridad social, a los derechos de los niños, de la mujer cabeza de familia, de los discapacitados, todos estos quedan en tela de juicio porque la respuesta que van a dar en cada ocasión es la siguiente: ‘Usted tiene el derecho y se lo respetamos, pero no se lo podemos hacer efectivo porque no hay plata.”
Ese es el concepto que quiebra la vértebra social de la constitución, la Carta de Derechos, porque va aparecer omnipresente en cada fallo, en cada demandala disculpa “no hay plata”, será el veto final para no comprar una droga costosa, o para negar un procedimiento de alto costo: “Sobretodo, porque el texto final habla inclusive de una consulta de los jueces a las autoridades administrativas para reconocer los derechos, lo cual me parece sencillamente absurdo” concluye Hernández Galindo.
Pacientes con enfermedades catastróficas se pueden morir
A tan pesimista pregunta de CALIESCRIBE.COM el ex magistrado Hernández, contestó: “Yo creo que sí, yo creo que puede llegar hasta ese punto”. Por fortuna, aún queda una esperanza, y es precisamente en la Corte que él integró por diez años, pues el proyecto en su trámite presenta varios vicios de inconstitucionalidad: “no se respetó el principio constitucional de la unidad de materia, ni tampoco se respetó el principio de ‘conectividad’, es decir, no todos los artículos pasaron por todos los 8 debates que requiere un acto legislativo, como lo exige la Constitución y la Corte desde la sentencia C-222 de 1997”.
Otro que ya no suena muy convencido es Antonio Navarro, interrogado por Colpresa sobre este proyecto aseveró: “deja la duda de si vamos a retroceder del contexto constitucional de que las instituciones estén al servicio del ciudadano y no al servicio del poder, si volviéramos a la etapa anterior del retroceso sería inaceptable”.
El ex constituyente ya había dicho que una de las principales falencias de la Constitución del 91 era el diseño de las contralorías, a diario vemos que eso no está funcionando: “porque se hace una alianza entre un alcalde y unos concejales y se nombra un Contralor que termina por no controlar a nadie; parte de los problemas que estamos viendo hoy es por la debilidad de los órganos de control contra la corrupción”.
Suficiente razón tiene. Lo vemos en Cali día a día. Por ello, escuchar al Presidente Santos decir que la Constitución “le devolvió la esperanza a una nación que ya no creía en su futuro” suena a discurso con una cara parcial, al mirar con detenimiento los logros, y el país que nos ha tocado vivir en 20 años, vemos que las normas por sí solas no cambian la realidad, como acotaba Alejandro Gaviria.
A la Constitución le pedimos mucho, tanto los jóvenes que promovieron en la 7ª papeleta, como sus herederos, pero olvidamos que debemos también defenderla de los embates diarios, ahora es quizá, el momento más necesario, para reorientarla de tal manera que haya un Presidente que inicie su cabal interpretación y empiece a disminuir la desigualdad social, que sólo se logra con Educación, de tal manera que podamos ser en 20 años un ESTADO SOCIAL DE DERECHO.