Redacción
La Defensoría del Pueblo registra un panorama desalentador respecto a los derechos de la población infantil, los cuales a pesar de los llamados a las instituciones del Estado y a la sociedad, siguen siendo vulnerados de manera sistemática.
Cifras alarmantes como el abandono de 1.297 menores de edad durante 2015, según los reportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus procesos administrativos de restablecimiento, de los cuales 34 corresponden a casos expósitos, es decir de menores de un año, dan cuenta de la indolencia e indiferencia propias de esta cruda realidad.
Solamente en enero de este año se presentaron 81 casos nuevos de abandono y de acuerdo con las estadísticas acumuladas, Bogotá (con el 25 por ciento), Antioquia (con el 13,8 por ciento), Quindío (con el 5,8 por ciento) y Valle del Cauca (con el 5,7 por ciento) son las regiones con mayor incidencia en esta materia.
En cuanto a los factores de violencia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, advierte que entre enero y febrero de este año han sido reportados 2.594 casos de presunto abuso sexual contra menores de edad, siendo las niñas las más afectadas con el 84 por ciento de los registros. Llama la atención cómo Bogotá con 518 denuncias, Antioquia con 247 y Valle del Cauca con 240, vuelven a aparecer como los escenarios más frecuentes de agresión contra niños, niñas y adolescentes. El año pasado fueron más de 18 mil los casos de presunto abuso sexual.
Los registros de Medicina Legal van más allá y señalan cómo entre enero y febrero de 2016 se presentaron 358 muertes violentas entre la población infantil colombiana, incluyendo 142 homicidios, 76 accidentes de tránsito y 32 casos de suicidio, discriminados en 18 niños y 14 niñas.
Esta lamentable realidad, sumada a los 55 reportes oficialmente reconocidos de muertes por causas asociadas a la desnutrición en lo corrido del presente año y a los cada vez más repetitivos y repugnantes episodios de irregularidades en la ejecución de los programas de alimentación escolar, debe conducir a la reflexión y a la búsqueda de fórmulas conjuntas, integrales y de fondo para proteger a la población más vulnerable.
En este sentido, y además de reconocer la imperiosa necesidad de dinamizar la sala de crisis creada junto al Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo sigue apostándole a los mecanismos de prevención y protección en el terreno y a la sensibilización social mediante campañas como #ConmuéveteColombia, la misma que a partir del momento revive a través de las redes sociales del organismo humanitario para que durante lo que resta del mes de abril los padres de familia, educadores, cuidadores, autoridades, vecinos y ciudadanos en general se sintonicen con los derechos fundamentales de los niños y niñas de nuestro país.