Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En la actualidad los habitantes de la comuna 22 de la ciudad de Cali han iniciado una serie de acciones cívicas tendientes a proteger lo que de acuerdo con la Constitución y la ley hace parte del patrimonio medio ambiental representado en este caso en los humedales existentes en dicho sector y que hoy están condenados a desaparecer, si la administración se empeña en emprender una nueva mega obra vial, que según sus habitantes, antes que mejorar la movilidad acaba con la existencia de una parte de estos espejos de agua que adornan el paisaje y cumplen una función reguladora de las aguas.
Se trata de los humedales de Cañas Gordas y de las Garzas de ciudad Jardín que conjuntamente con otros acuíferos constituyen aproximadamente el 70% del total de los mismos según un informe proveniente de la oficina de Planeación municipal, los cuales están en peligro de extinción ante el avance desordenado y caótico del expansionismo urbanístico en el sur de la ciudad, auspiciado por administraciones pasadas para beneficio de grandes propietarios de tierras, comerciantes de propiedad raíz y urbanizadores privados, que han convertido el proceso de urbanización en un negocio particular que se reparten con los contratistas del Estado.
Esta circunstancia que se repite constantemente en la ciudad y arrasa con el patrimonio público de los caleños nos plantea de entrada la necesidad de que se establezca una conexión expresa y directa entre los objetivos del nuevo plan de desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y de la democracia local, al tenor de lo dispuesto en nuestro ordenamiento constitucional, que le impone a las autoridades de todo nivel la obligación perentoria de garantizarles a los ciudadanos su participación en todos aquellos asuntos que los afectan directa o indirectamente en sus intereses comunes, de carácter económico, político, jurídico, social, administrativo, cultural, ambiental, deportivo, etc., obligación esta ineludible e insoslayable, sin la cual no es posible el ejercicio de los derechos y con ello de la propia democracia.
En este sentido, la medida de la competencia de la administración y del Concejo Municipal debe concretarse en la defensa del interés general, en tanto que la libertad de acción de los ciudadanos debe realizarse dentro del marco de los derechos establecidos en la Constitución Política y la ley estrechamente ligados con la garantía que debe ofrecer el Estado como parte esencial de la convivencia social, la paz y el progreso en general.
De esta forma es posible acercar la administración a los ciudadanos y a los cambios que requiere la ciudad y no como ocurre hasta el momento en que la administración se encuentra ausente de la solución de los problemas y en muchos casos actúa en contravía de los intereses de amplios sectores sociales, cuyas quejas y reclamos no son atendidos en su debida oportunidad, tal como ha sucedido con los ciudadanos de la comuna 22 a la cual nos hemos referido y a los que han hecho los habitantes de los barrios Granada, Versalles, Peñón, San Antonio, etc., que progresivamente han sido desplazados de sus sectores por cuenta de la implementación de una serie de medidas arbitrarias disfrazadas de un falso progreso y desarrollo urbanístico reducidos a los simples cambios del uso del suelo, motivados en buena parte por la expansión de la economía de los servicios, avalada por los tecnócratas encargados de elaborar los planes de desarrollo y de autorizar las políticas de corte neo liberal de administraciones pasadas.
En esta ocasión se trata de que el alcalde Armitage no solo cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales, sino que en la práctica garantice real y materialmente el ejercicio de los derechos y de la democracia participativa y decisoria, los cuales no pueden convertirse en una simple instancia de comunicación y “socialización” de las decisiones de las autoridades, so pretexto de asegurar un mal entendido interés general de sectores que no representan a la comunidad en su diversidad de manifestaciones y expresiones, cuando además está de por medio la defensa de la paz, la convivencia social, la defensa del medio ambiente y el progreso de la ciudad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Veeduria ciudadana por la democracia y la convivencia social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social