Caminar la ciudad en condiciones de seguridad óptimas es un derecho amparado por la constitución y por el POT. Cada vez que un peatón se baja a la calle porque entre parqueaderos y construcciones fuera del límite no le dejan espacio para circular, se violan leyes que tal vez el mismo afectado ignora que existen.
Según el artículo 124 del Plan de Ordenamiento Territorial firmado en el año 2000 los espacios peatonales son bienes de uso público destinados al desplazamiento, uso y goce (sic) de los peatones. El soporte de este derecho es la red de andenes, que, en las imágenes que acompañan este artículo podemos ver cómo ha sido paulatinamente invadida con extensiones, fachadas y contadores de servicios.
En una de los casos más comunes, podemos ver cómo en las calles de Cali, as empresas prestadoras de servicios, han violado sistemáticamente las márgenes contempladas en el POT ocupando espacio público, vital en la zona céntrica, con los contadores. Así mismo, construcciones para negocios nocturnos, que se hacen como parte de una ampliación del local, algunas veces cerrando el espacio con materiales removibles, conscientes de que una sanción en su contra por parte de las autoridades, terminaría obligándolo a costear los valores de la demolición.
La regla básica que se vulnera tiene que ver con el polígono normativo. Es ésta el área delimitada como una porción del suelo urbano a la cual se le asigna un área de actividad y un tratamiento, de las cuales que cada terreno puede contar solo con una de cada una. Es decir, que si usted tiene un permiso para vender licores en su estanco y hace uso del permiso de suelos para, digamos, ocupar parte de la acera con sillas para los clientes, usted está violando el uso de suelos que se le ha permitido, incluso si no ha construido sobre la calle. Lo que busca preservar el POT con estas normativas es el espacio vital y seguro por donde los peatones se desplazan, el mismo que se ocupa con sillas rimax y otro mobiliario por parte de los establecimientos.
Así que las autoridades han pasado a ejecutar órdenes de demolición cuando los propietarios se han salido de los márgenes. Hay barrios donde esta práctica se ha llevado al nivel de costumbre. En ciudadela Comfandi, una urbanización con problemas estructurales de espacio público desde su misma concepción por la ausencia de vías vehiculares y la ausencia de espacio para antejardín, el asunto ha tomado proporciones masivas. Ante el área minúscula que la constructora entregó a cada propietario, la gente ha empezado a ganarle espacio a sus casas en la calle. Los cerramientos en este barrio algunas veces ocupan la totalidad de la acera, obligando a los peatones a cambiar de lado. Casos como éste son particularmente difíciles de controlar por las autoridades, debido a la poca asequibilidad del sector, que no tiene calles que lleguen a ellas, siendo solo un inmenso recorrido peatonal.
Las calles céntricas de la ciudad tienen su propio diagnóstico; Algunos casinos han construido escalones suntuosos que reciben a sus clientes. Estos escalones están sobre espacio público, y aunque el desprevenido peatón no lo note, le están quitando espacio. No es la administración de Rodrigo Guerrero la primera que se muestra laxa ante la situación. El uso de suelos en Cali ha sido vulnerado desde hace décadas, por un pueblo cuya naturaleza desordenada se refleja en el manejo que ha hecho de sus espacios públicos.
