Redacción
Con 91 votos a favor y 58 en contra se hundió el proyecto de acto legislativo de Reforma Política que cursaba en la Cámara de Representantes, donde se instituían las listas cerradas, y la verdad que no respondía las necesidades de cambio que exigen los colombianos.
Indudablemente que la lista abierta acabó con los partidos y con su ideología, solamente el que tenga mayor capital para comercializar los votos, es el que más resultados tiene en las campañas electorales.
Indudablemente que se requiere un consenso, para desarrollarlo vía referendo o Asamblea Nacional Constituyente, donde se debe incluir también la reforma a la justicia, porque el Congreso es incapaz de auto reformarse.
No tenemos partidos, el registro de militantes es un juego, los partidos apoyan la corrupción, no tienen democracia interna, la mujer está sometida en la política e indudablemente las listas cerradas es una gran conveniencia.
Pero el proyecto no tocaba el tamaño del Congreso que es fundamental, si bien es cierto hay que darle a las regiones más apartadas curules, éstas tienen que ser en el Senado, para que todos los departamentos tengan una representación y allí la unidad nacional se haga presente.
Y empieza la discusión sobre los 13 puntos del referendo propuesto por el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, como un referendo constitucional de iniciativa popular, que toca la rama judicial, para determinar una o dos altas cortes y una pronta justicia (Magistrados mayores de 55 años, periodos personales de 12 años), elegidos por cooptación con aprobación del Senado. Y soluciones expeditas a demoras judiciales.
Una comisión legislativa de 30 miembros elegida por el Senado, ciudadanos con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidad de los congresistas para que:
Implementa el referendo
Proponga al Congreso las medidas; si estas no fueron adoptadas dentro de los 6 meses siguientes, el Presidente podrá expedirla mediante decreto con fuerza de ley.
Tribunal de aforados, para crear independencia en el juzgamiento de los Congresistas y los Magistrados.
Derogatoria o reforma de fondo a la Jep, para más garantías judiciales a las fuerzas armadas, trasladando las funciones de la Jep a la jurisdicción ordinaria, manteniendo beneficios judiciales; reducir los períodos de los actuales Magistrados.
<em>Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social.</em> Proteger a los líderes sociales, sancionando como homicidio agravado, el homicidio a ellos.
Excluir del Congreso responsable del delito de lesa humanidad y ni de cualquier elección popular.
Decomiso de sustancias ilegales y criminalizar consumo.
Austeridad en funcionamiento estatal para mayor inversión social.
Disminución del número de Congresistas y reducción gradual del salario, mediante congelación en 6 años y apoyo a las personas de mayor vulnerabilidad, para que ninguna persona esté por debajo de la línea de la pobreza monetaria, bono pensional a los recién nacidos en hogares vulnerables, uno por familia.
Gratuidad educativa según el nivel de ingresos con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento.
Protección remunerada de los ecosistemas estratégicos como la Amazonia.
Indudablemente el país necesita un gran consenso político alrededor de una reforma política y a la justicia, que satisfaga los intereses de la sociedad, como para no llegar urgentemente a las protestas sociales de Chile, que obligan a un gobierno a convocar una Asamblea Nacional Constituyente.