Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
encaminada a legalizar todos aquellos asentamientos de desarrollo incompleto, barrios y centros poblados, caracterizados por su informalidad
Los recursos de la demagogia hacen parte de la estrategia que utilizan los gobernantes para acceder al poder en medio de la competencia electoral o para afianzarse en él con claros propósitos económicos y políticos de clase, grupo social o personales.
Para tal efecto dicha forma de hacer política se encuentra inspirada en aquel principio maquiavélico de que el “fin justifica los medios” amparado por una aparente legalidad que socava los cimientos mismos del Estado Social y democrático de Derecho.
Un ejemplo de esta modalidad que se viene utilizando en la ciudad la constituye la propuesta en la que trabaja la oficina de Planeación Municipal encaminada a legalizar todos aquellos asentamientos de desarrollo incompleto, barrios y centros poblados, caracterizados por su informalidad en materia de construcción de viviendas y desarrollo urbanístico que existen actualmente en la ciudad.
Por supuesto que no hay nada mas justo y necesario que proceder a legalizar la tenencia de la tierra de centenares de hogares del área urbana y rural, procediendo además a dotarlos de los servicios públicos domiciliarios, de una infraestructura adecuada para la movilidad y el transporte y del equipamiento básico y complementario que se requiere en estos casos, todo con el fin de mejorar las condiciones habitacionales de sus residentes.
Sin embargo dicho procedimiento de legalización que debió implementarse oportunamente y no se realizó durante el mandato de los anteriores alcaldes ni del actual burgomaestre, no tiene otro propósito en este momento, que el de apuntalar electoralmente al candidato a la alcaldía de Cali promovido por el alcalde Armitage, el cual deberá comprometerse a cumplir con dicha iniciativa, generando en la conciencia de los ciudadanos la ilusión del cambio y el mejoramiento de sus condiciones habitacionales, que eventualmente podrán convertirse parcialmente en realidad a partir de la inversión de ingentes recursos económicos y financieros que hoy no posee la municipalidad, detrás de los cuales se encuentran interesados en participar en dichos proyectos, ciertos urbanizadores, propietarios de tierras y comerciantes de propiedad raíz vinculados con el Estado contratista, quienes podrían incluso solicitar la legalización de asentamientos patrocinados por ellos, lo que constituiría una forma de legitimar las invasiones u ocupaciones de hecho de zonas ejidales, baldías, de reserva forestal o de especial protección.
Planeación Municipal continúa aprobando las políticas de desarrollo urbanístico que se ejecutan en las faldas de los cerros tutelares de la ciudad
A todo lo anterior se suma el hecho de que con la puesta en marcha del citado proyecto, ni la secretaría de vivienda, ni el DAGMA, la CVC, ni la oficina de Gestión del Riesgo, están en capacidad de impedir la ampliación de los asentamientos informales, ni la proliferación de nuevas ocupaciones de hecho por fuera de la 132 existentes, lo cual hará mucho más difícil y complejo para atender las necesidades básicas de sus habitantes en materia de vivienda y desarrollo urbanístico, amén de los riesgos que se puedan presentar con ocasión de los derrumbes, inundaciones e incendios, etc.
Lo paradójico de esta situación es que Planeación Municipal continúa aprobando las políticas de desarrollo urbanístico que se ejecutan en las faldas de los cerros tutelares de la ciudad, en donde se construyen grandes complejos habitacionales que se expanden en zonas que hacen parte de la estructura ecológica, ambiental y de especial protección de los suelos y de las fuentes hídricas, que conllevan a un alto riesgo no mitigable, tal como puede suceder por ejemplo en el sector de Pance y del Aguacatal.
Desde la Veeduría que representamos hacemos un llamado a las organizaciones sociales, ambientales y de vivienda, a desentrañar el carácter demagógico y politiquero de la mencionada iniciativa gubernamental y a exigir la implementación de una verdadera política en materia de vivienda, además de la legalización de los predios ocupados de tiempo atrás susceptibles de ser formalizados sin riesgo de ser objeto de algún desastre natural que pueda sobrevenir en desarrollo de la influencia que ejercen los seres humanos sobre la naturaleza y de ésta sobre aquellos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social