Legitimidad y vigencia del acuerdo final de La Habana impuestas por SantosPor Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.La eventual refrendación del acuerdo final de paz que se suscriba entre el gobierno del presidente Santos y la insurgencia de las FARC-EP, se ha convertido en toda una impostura que hasta la fecha rebasa aquel principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” como expresión de la voluntad de las partes negociadoras.Lo cierto es que en ningún momento de la negociación la insurgencia ha hecho pública la decisión de que el acuerdo final tenga que ser refrendado mediante el plebiscito o algún otro mecanismo similar, pues tratándose de un “acto político” el mismo no requiere refrendación alguna para adquirir legitimidad y validez, en tanto dicho mandatario está investido de las facultades constitucionales y legales para suscribir conjuntamente con las FARC-EP el acuerdo final. Cosa diferente es la idea propuesta por la insurgencia de convocar una consulta, a través de la cual se le exija al gobierno la convocatoria a una Asamblea Constituyente de conformidad con lo dispuesto en la ley estatutaria de los mecanismos de participación.Sin embargo el presidente Santos se obstina en imponerle a la guerrilla el plebiscito, con lo cual en el fondo lo que se busca es imponerle al pueblo colombiano el contenido de su política de paz, respecto de la cual existen muchas reservas que incluso la misma insurgencia ha dado a conocer, particularmente en materia de desarrollo rural y reforma agraria. Además de las críticas que desde diversos sectores políticos y sociales se hacen, en momentos en que en el Congreso se aprueban una serie de reformas económicas y políticas que conllevan a una mayor concentración y centralización del poder en manos del ejecutivo.No obstante el presidente Santos insiste en que el acuerdo final no tendrá “legitimidad” ni entrará en “vigencia” sí no hay refrendación por el pueblo colombiano, al tiempo que asiste a la audiencia fijada por la Corte Constitucional para defender la ley estatutaria del plebiscito, apelando a un sinnúmero de artilugios jurídicos y a un Congreso sometido a la voluntad del gobierno, que prefiere echar por la borda la propia legalidad antes que defender la constitucionalidad del régimen jurídico debilitado por el reformismo autoritario y el leguleyismo del gobierno.En todo caso la legitimidad y vigencia del acuerdo final no dependerá simplemente del sometimiento de la insurgencia de las FARC-EP al ordenamiento jurídico interno e internacional ni a la refrendación del plebiscito tal como lo afirma el presidente Santos, sino ante todo al respaldo que le den las fuerzas políticas, sociales y regionales a los compromisos adquiridos y refrendados en la práctica con las acciones de paz del pueblo colombiano, que en última instancia es el verdadero actor y autor de su destino, que con la fuerza de la paz se impondrá por encima de la fuerza de la guerra y de la violencia, que socavan el progreso, el bienestar general y la democracia económica, política y social.Veeduria Ciudadana por La Democracia y La Convivencia SocialEl Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social