Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
En América Latina se ha empleado este término para definir situaciones de desgobierno, especialmente los autoritarios, en los cuales el gobernante dirige los destinos de sus gobernados, sin escrúpulos, mediante engaños, con altos niveles de impopularidad, desgreños administrativos, totalmente nocivos para la nación, como el caso de Venezuela.
La baja aceptación del presidente Santos, su obstinación con los fallidos acuerdos de paz, la grave situación económica, desbordamiento del gasto público y falta de controles efectivos al mayor flagelo, la corrupción, podrían convertir, por vez primera en la historia constitucional de un gobierno elegido democráticamente bajo la óptica de una “Kakistocracia”.
Lamentablemente la bonanza petrolera, se dilapidó en excesiva contratación gubernamental insulsa, a todos los niveles. No se aprovechó, como bien lo hizo Ecuador, en mejorar su infraestructura vial. Los miles de millones entregados como participación de regalías, fueron despilfarrados en cuantiosos contratos de obras civiles innecesarios, gran mayoría inconclusos, donde los contratistas, amangualados con la clase política dirigente de las regiones, se apropiaron sin reparos ni delicadeza de recursos del erario.
El festín de los contratos de alimentación y manutención de infantes y niños es una desgracia nacional. No solamente atentaron contra el erario sino que criminal y desalmadamente no midieron las consecuencias de los cientos de niños que perdieron sus vidas ante la impunidad y abuso de enriquecimiento ilícito de políticos, contratistas y gobernantes.
El excesivo e incontrolado gasto público ególatra y mezquino del gobierno central, acuñados como “mermelada”, se malgastaron sin aportar al crecimiento, sostenibilidad y desarrollo económico. Contrariamente, fortalecieron y ensancharon la abultada burocracia estatal.
Las regiones, algunas ciudades importantes e institutos, especialmente en el sector salud, también forman parte, en respectivas escalas y proporciones de la “kakistocracia” enfermiza que se apodera de la institucionalidad democrática.
Afortunadamente en pocos meses después de su posesión, el Fiscal General de la Nación, ha mostrado temple y carácter en hacer cumplir la ley. Igual comportamiento deben ostentar el nuevo Procurador General de la Nación y quiénes ocuparán vacantes en las altas cortes.
La nación, a través del Congreso, departamentos, a través de sus asambleas, y municipios, a través de sus concejos, son los llamados a ejercer y exigir el verdadero control político para lo cual fueron elegidos, exigiendo a sus mandatarios cumplir con promesas de campañas, fortalecimiento institucional y retornar a la verdadera democracia que el país merece.
La directriz gubernamental, en todos y cada uno sus estamentos, debe centrarse en recuperar la confianza institucional, antes de caer en la “venezuelizacion” colombiana.