Hace tres años y cinco meses se le recomendó a la administración municipal, a través de su director de planeación Johanio Marulanda no radicar el proyecto de acuerdo para decretar un plan de obras por el sistema de valorización por casi un billón de pesos. La razones eran muy simples :
No existía un Plan Vial de Tránsito y Transporte actualizado para Cali que permitiera la definición técnica de un plan de obras. Más aún, la ley obligaba a tener plan de movilidad al 30 de julio del 2008 y hoy aún no existe.
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No estaba en el programa de gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina el compromiso de ejecutar un plan de obras por el sistema de Valorización.
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En el Plan de Desarrollo del municipio 2008-2011 fue descartada la propuesta de algunos concejales de desarrollar un plan de obras por valorización.
- No existían diseños y estudios que permitieran calcular el costo de las obras aproximadamente. Los concejales hábilmente dicen otra cosa, pero el hundimiento de la avenida Colombia estaba diseñado a nivel de anteproyecto sólo en tres cuadras y no en las 8 que tiene ahora; los puentes y las ciudadelas educativas no tenían diseño alguno, etc.
ACUERDO MAL APROBADO.A pesar de esta realidad, el alcalde Ospina decidió radicar el proyecto y “alegremente” el Concejo se lo aprobó en agosto de 2008 en donde decretó un plan de obras por $869 mil millones de pesos. El Concejo sacó y metió obras sin argumentos técnicos, y ante la realidad de la ausencia de diseños, dio plazo al 30 de enero de 2009 para terminarlos. Por ello, las palabras del concejal Nelson Garcés en mayo de 2009 son vigentes: “En las megaobras los concejales cometimos muchas irregularidades… fuimos laxos…” Allí comenzó el calvario de las megaobras porque no tuvo una Secretaría doliente y se montó un negocio en donde se le dio la estructuración del proyecto al consorcio G y B liderado por el Sr. Rodrigo Cerón, famoso por haber cobrado $5.300 millones.
ACUERDO MODIFICADO.A la carrera en el mes de mayo de 2009 tuvieron que modificar el Acuerdo Municipal para darle un plazo a la Administración Municipal al 30 de junio del 2009, con el fin de terminar los estudios y diseños. La Secretaria de Infraestructura y Valorización empezó a reconocer con documento radicado en el Concejo, que las obras ya no tienen un costo de $869 mil millones de pesos, sino que el valor superaba los $1,3 billones.
AUSENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. Se eligen los representantes de los propietarios de predios gravados y el 1º de Julio del 2009 empieza a comprobarse la verdad. Gracias a la exposición de 60 ingenieros o arquitectos se constató que las obras carecían de diseños y presupuestos definitivos, no había estudio de capacidad de pago y la irrigación de la valorización era confusa. Hasta los asesores mejor pagados como los de G y B no conocían con certeza jurídica la jurisprudencia sobre el sistema de valorización, ni al frente del proyecto estaban abogados con experiencia en derecho público. Así se le hizo conocer personalmente y por escrito a la alcaldía de Santiago de Cali. De esta manera se presentaron las observaciones a la resolución de distribución, liquidación y cobro de la contribución de valorización, sin embargo, el municipio ignoró las recomendaciones y así el 4 de septiembre firmó la resolución con que se inició el cobro.
CAMARA DE COMERCIO Y JUNTA CIVICA.Así arranca la etapa en donde 34.653 ciudadanos presentaron recursos de reposición y la mayoría de ellos fueron contestados ilegalmente, porque no se le dio respuesta a la mayoría de sus interrogantes. Esta labor fue coordinada por la Cámara de Comercio de Cali en un contrato superior a $230 millones y soportada en muchos abogados contratistas del municipio. Se presenta a la Procuraduría todo el acervo probatorio de todas las irregularidades y dos años después no hay respuesta definitiva. El ministerio púbico está en deuda con Cali, lo mismo que la Personería Municipal, la Contraloría de Santiago de Cali y la denominada Junta Cívica conformada por empresarios y un sacerdote, pues no es posible que la verdad haya resultado como consecuencia del no pago de los contribuyentes, y no por la investigación de los organismos de control.
DEMANDAS Y ACCIONES POPULARES, ninguna ha sido resuelta para tristeza de los ciudadanos contribuyentes, en donde la Administración Municipal en solo las dos primeras demandas para defender la valorización, se comprometió con el ex constituyente Gustavo Zafra a pagarle una suma superior a $1.700 millones de pesos. El manejo y litigio de más de 500 tutelas y de todos los procesos judiciales dará para un libro ‘Bestseller’ en nuestra ciudad, pues la defensa ha utilizado todas las herramientas habidas y por haber para persuadir a muchos jueces constitucionales.
LICITACION Y ADJUDICACION. Viene el proceso licitatorio que comienza en enero del 2010, en donde se le muestra al gobierno municipal y a los proponentes de las irregularidades de todo el proceso. Pero hay un solo afán: adjudicar contratos. Hubo un traspiés en donde las Procuraduría General de la Nación recomendó suspender el proceso licitatorio, el alcalde paró la licitación, pero vino la jugada maestra orquestada desde el despacho de la procuradora Maria Eugenia Carreño , en donde se conceptuó que la licitación podía continuarse a la luz de la Ley de Contratación, pero no se observó que la obra tenía un régimen especial, como es el del Sistema de Valorización.
Las obras se adjudicaron por $580.000 millones de pesos a tres contratistas, uno de ellos está encartado con las obras por $163.000 millones, llamado Consorcio Vías de Cali, cuyo socio principal es Vergel y Castellanos en gravísimos problemas con el grupo Nule de Bogotá. Insólitamente el alcalde Ospina no ha liquidado unilateralmente este contrato y allí habrá problemas muy graves, pues los dineros están embolatados y las obras (circunvalación del Sur, Calle 16, Cra. 56, etc.) están sin ejecutar.
EL BALANCE DE LAS OBRASa la fecha es:
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9 megaobras en ejecución, muchas de ellas desfinanciadas por la falta de financiación de la infraestructura de servicios públicos. Ninguna se entrega en este gobierno. Se precisa que la Ciudadela Educativa Nuevo Latir no se hizo con recursos de la valorización, y por lo tanto no corresponde a una Megaobra.
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4 megaobras de Vergel y Castellanos retrasadas y embolatadas.
- 8 megaobras sin licitar porque se acabó la plata.
Como se observa el panorama es muy oscuro, pues más del 50% del proyecto está en veremos, y cuando entre el próximo alcalde el diagnóstico será más grave, pues el costo de las 48 obras que conforman las 21 megaobras en nuestro cálculo, supera los $2 billones de pesos, luego el incumplimiento con la ciudad será muy grande y el engaño con los contribuyentes será mayor.
LA VERDAD ADMINISTRATIVA Y PROCESAL:
1. No hubo planeación en las obras, por algo menor fue inicialmente destituido Samuel Moreno Rojas en Bogotá.
2. No hubo el estudio de capacidad de pago de los caleños, requisito sine qua non para aprobar la valorización. Hoy los caleños tan sólo han pagado aproximadamente $260.000 millones y los dineros que hay en obra invertidos ya superan esa cifra.
3. No hay reciprocidad de los contribuyentes para que los bancos le presten la plata a los concesionarios, pues el sector financiero sabe que los caleños no tienen con qué pagar.
4. Aún muchas obras de las 21 megaobras siguen sin estudios ni diseños definitivos, luego el costo definitivo no se conoce certeramente.
5. No hay disponibilidad presupuestal para atender la contratación de la 2ª fase de las Megaobras.
TRIUNFÓ LA VERDADen la medida que todo lo que se dijo y se comprobó, dos y tres años después, por ello el futuro de las megaobras real es excesivamente oscuro y el procesal en los estrados judiciales, obviamente será peor para el Municipio de Cali, y en consecuencia para la ciudad. Es por ello que todos los ciudadanos debemos unirnos alrededor del próximo alcalde de tal manera que se acabe la confrontación pública y entre todos resolvamos un problema que le concierne a los contribuyentes.