*Constituyente Primario
La decisión del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación de levantar la orden de captura en contra del cantante de las FARC Guillermo Enrique Torres alias “Julián Conrado”, para que fuera trasladado a la Habana e integrarse a la delegación de paz de las FARC, indudablemente demuestra que el Gobierno Colombiano finalmente va a ceder ante la pretensión del movimiento guerrillero de no tener ni un día de cárcel.
El traslado del cantante de las FARC se hizo una vez el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la inmediata liberación del guerrillero, argumentando que Colombia había desistido de la solicitud de extradición. A “Julián Conrado” se le acusa de los delitos de desaparición forzada, tortura en persona no protegida, secuestro extorsivo agravado, narcotráfico y reclutamiento ilícito.
Guillermo Enrique Torres fue capturado hace 2 años en Venezuela y gestionó su traslado aun sitio especial, argumentando problemas de próstata, por lo que permanecía en una Unidad Militar en Caracas, desde donde participaba vía telefónica en eventos públicos de Venezuela y Colombia. La Fiscalía había enviado por lo menos 12 solicitudes de extradición al Gobierno Venezolano, las que se habían dilatado en trámites judiciales, ante la petición de asilo político solicitada por el guerrillero.
Mediante Twitter, el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó, “Nosotros estamos de acuerdo con el diálogo, con aquello que no puedo estar de acuerdo es con lo que está ocurriendo: el gobierno liberó allá en Venezuela a ‘Julián Conrado’, un delincuente de alta peligrosidad; ese es el anticipo de impunidad a delincuentes. Yo no creo que la paz se consiga dando impunidad sin castigo a personas responsables de carros bomba, de secuestros, de reclutamiento de menores o de narcoterrorismo”
De esta manera, el Gobierno Colombiano al gestionar la no extradición y el levantamiento de la orden de captura contra un guerrillero sobre quien pesan sentencias judiciales por graves delitos cometidos, demuestra que busca firmar la paz con las FARC y conceder beneficios para que no haya ni un día de cárcel para los guerrilleros, impunidad que podría tener dificultades ante la Corte Penal Internacional.