Los microcréditos en Colombia, un mercado a la deriva

Por Humberto Giratá

Una de las estrategias más populares para combatir el desempleo y crear fuentes de riqueza es la de los microcréditos destinados a financiar microempresas ya constituidas o su formalización y especialmente, para impulsar nuevos negocios de jóvenes emprendedores.

El paradigma del Banco de los pobres, experiencia exitosa en Bangladesh, liderada por el economista Mohammad Yunus, inspiró modelos locales. El Banco Grameen, creado por Yunnus fue la primera ONG tipo banco paralela al gobierno con el propósito de asegurar la financiación de los micronegocios de las personas más pobres. Su lema es: “El crédito solidario concedido a aquellos que nunca habían solicitado un préstamo refleja el enorme potencial sin explotar que posee cada ser humano”.

El microcrédito se ha impuesto en Colombia a través de bancos, compañías de financiamiento, cooperativas, fundaciones y ONG, entre otras, muchas de las cuales no están obligadas a reportar su información a las centrales de riesgo.

La Superintendencia Financiera ha evaluado el bajo nivel de pago de las  obligaciones de los microcréditos.

De cada $100 que los microempresarios deben al sistema financiero, al menos $7 están en mora. Son los deudores más colgados en el pago de sus obligaciones, pues en los préstamos de consumo ese atraso se acerca a los $5 y en los comerciales e hipotecarios ronda los $2.

Aunque las deudas vencidas de los microempresarios crecen a un menor ritmo, lo preocupante es que lo hacen al doble de la colocación de nuevos créditos, al 32,8% anual frente a 16,1%, respectivamente.  Asomicrofinanzas indica que más de 2,8 millones de unidades productivas en el país cuentan con un crédito de estas características.

A esta situación se ha llegado debido a varios factores como la falta de información sobre el nivel de endeudamiento de los microempresarios, la sobreoferta de crédito, la agresiva competencia del mercado y la incapacidad de los empresarios para rechazar esas ofertas, hasta el relajamiento de las políticas de asignación de préstamos, por parte de las entidades financieras.

Los actores del microcrédito solicitan mayor intervención del gobierno nacional, la vocera de Asomicrofinanzas pide que se adopten medidas orientadas hacia el reporte obligatorio de la información crediticia a las centrales de riego de quienes participan en este mercado, mientras que las entidades deben ser conscientes de otorgarles el crédito solo a quienes estén en capacidad de pagarlos.

Para la presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos empresarios (Acopi), es urgente que el Gobierno haga una revisión justa de los costos de los servicios que la banca les presta a los microempresarios, quienes deberían tener por su labor, unas tarifas especiales o no tenerlas. Igualmente, se requiere mayor desconcentración de esta cartera, que no se les preste siempre a los mismos, sino que se amplíe la oferta crediticia a zonas apartadas del país, aunque resulte más costoso.

La realidad es que el incumplimiento de las obligaciones se convierte en un serio obstáculo para desembolsar nuevos créditos y para medir la eficacia de la estrategia de microcrédito en la consolidación  del capital social de los sectores económicos prioritarios de para el bienestar de la comunidad.