Por: Arturo Torres
Un ciudadano del común puede entender que el desarrollo de la ciudad es dinámico y que demanda, en virtud de su acelerado crecimiento, de mucha visión esfuerzo y creatividad para disponer, por lo menos, de una adecuada infraestructura vial, que sea consecuente con la demanda que la densificación del tránsito automotor en nuestra urbe requiere.
Podríamos deducir; que uno de los objetivos primordiales de cada proyecto que se desarrolle en un determinado territorio debería estar orientado a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Lo puede implicar el sacrificio de algún segmento de la población. Para ello requiere de un esquema básico de implantación, que debe aprobar la entidad planificadora de la ciudad.
Hemos acudido a este preámbulo con un criterio propositivo. Queremos exponer y denunciar, ante la sociedad civil de la ciudad, el trato descomedido que recibe la comunidad del Barrio Lourdes, y otros sectores adyacentes, que forman parte de la jurisdicción de la Comuna 18, por parte la administración municipal, en particular de la Secretaria de Infraestructura Vial y Valorización y el contratista-concesionario de las Megaobras–Sur de la ciudad; en lo que guarda relación con la ampliación y reconstrucción de la calle 1ª Oeste entre carreras 70 y 80, proyecto que se encuentra incluido dentro del paquete de la valorización de la municipalidad y que afecta a muchos predios.
La aplicación de estos criterios administrativos podría ser de buen recibo en la medida en que el ciudadano inerme tuviese la oportunidad de dialogar con funcionarios investidos de un alto concepto de responsabilidad y sensibilidad. Un diálogo en el cual prevalezca el respeto para quienes, precisamente por su connotación social de extrema pobreza, se ha convertido en el objetivo predilecto de los tecnócratas y de los mal llamados dirigentes de la ciudad. Los utilizan para cometer toda clase de atropellos en contra de las familias y su precario patrimonio económico, al querer expropiarles sus predios, violando muchos derechos constitucionales.
Este comentario surge a partir de una controvertida decisión de la administración de demoler una indeterminada cantidad de viviendas en este populoso sector; lo cual se requiere para proceder a la ejecución del contrato que corresponde para la Ampliación y Prolongación de la Avenida Circunvalar al sur de la ciudad.
Los tecnócratas de carrera, causantes en su gran mayoría del colapso social y desgreño administrativo que vive la ciudad. No entienden el perjuicio que se presentan cuando un indeterminado número de familias, arraigadas por más de diez lustros en una ciudad, barrio o sector, se ven obligados, por cualquier circunstancia, a abandonar el lugar donde han edificado su hogar su casa y por varias generaciones, donde han nacido, criado, y educado a sus hijos y nietos. Estas personas han generado, de manera raizal, inalterables lasos de afecto en su estadio citadino.
El escenario jurídico refiere la prevalencia del interés general sobre el particular (máxima que aplica sólo para los de ruana) por lo tanto la relocalización de algunas viviendas “es inevitable”. Pero ello no avala el abuso ni la falta de seriedad. Por el contrario, el manejo de este tipo de situaciones incluye una alta dosis de respeto y sensibilidad con la gente; en el entendido de que en la totalidad de los casos estas viviendas representan el único patrimonio de grandes núcleos familiares. Que por cierto llegaron originalmente a estos potreros inhóspitos, generando, a base de lucha familiar y social, procesos de progres. Convirtieron estos matorrales en escenarios amables, en términos de convivencia y otros asociados a temas de servicios públicos y desarrollos viales, dotaciones de servicios educativos, salud y comunitarios. Estas familias lograron todo esto, cuando su referente de valor en el mercado inmobiliario era mínimo.
La comunidad del barrio Lourdes, y las fuerzas vivas de la comuna No. 18, lideradas por un ama de casa. La señora Gloria Jiménez, presidente, y todos los dignatarios de la Junta de acción comunal, con mucha razón se encuentran alarmados y en pie de lucha. Asisten, gestionan sin tregua y denuncian de todas las formas, ante todas las instancias y por todos los medios para que este proyecto no los convierta a ella, y a sus vecinos, en chivos expiatorios de un proceso irregular y los conduzca a una ruina total
Ellos sólo demandan del estado un trato razonable, que se refleje en una indemnización justa, en términos de equidad, para que esas familias puedan adquirir un tipo de vivienda que les permita continuar con su ciclo vital sin desmejorar en lo más mínimo la calidad de vida. Se han ganado el derecho a estas consideraciones a base de esfuerzos e ingentes sacrificios. Ésta es una mínima exigencia legal, que el estado representado por el Municipio y los contratistas–concesionarios, no han querido reconocer. Deben saber que la comunidad no se va a dejar vencer.
El derecho fundamental a un debido proceso de expropiación debe ir de la mano con el derecho social a la vivienda digna. El tema no es de dinero, es de solución al problema de su hábitat. El desarrollo no debe atropellar la vivienda, y si no hay otra solución, debe el estado reconocer el derecho con una indemnización que permita lograr una vivienda de iguale las condiciones de la que se tenía anteriormente.