Por: Fabio Rodríguez González
Llega a muy buena hora para Colombia un presidente como el Dr. Juan Manuel Santos, que dentro de los muchos programas y políticas novedosas que ha propuesto, tiene como una de sus metas principales la de generar empleo partiendo del diseño de una política de formalización empresarial. Esta nueva actitud del Gobierno Nacional, parte en buena hora del principio que nos dice que “el empresario”, es decir, aquel que abraza la competencia y concurre al mercado con sus productos o servicios, es sin excepción miembro de una sola comunidad: “la comunidad empresarial”. Ésta se encuentra dividida entre aquellos que cumplen las normas legales reguladoras de la actividad económica, llamados comúnmente “formales” y las que nos las cumplen, en la mayoría de los casos por causas ajenas a su voluntad, o bien sólo lo hacen parcialmente. A éstos los llamamos, comúnmente, “Informales”.
Esta nueva política gubernamental implica que todas aquellas entidades que, de una u otra manera (y son muchas), tienen que ver por sus funciones ya sean estatales o privadas, con el proceso de formalización empresarial, deben concentrar sus esfuerzos en el diseño de programas de apertura. Primero, con una apertura mental, es decir, acostumbrarse a respetar a ese pequeño hombre de empresa y tener la mente predispuesta a ayudarlo y acompañarlo en sus propósitos de volverse un verdadero empresario, con todas las de la ley; segundo, entender, cosa que es difícil para muchos burócratas, que el empresario por filosofía es uno solo, y que su tamaño es puramente circunstancial.
Se trata pues, en buena hora, de prestar la máxima atención a todos los empresarios sin exclusión alguna, evaluando sus necesidades y sopesando sus perspectivas, pero, especialmente, haciendo en torno a su presencia una gran reflexión para analizar sus problemas y el conjunto de trabas que obstaculizan su dinámica. Es aceptado, casi que universalmente y desde hace mucho tiempo, que los microempresarios no son ilegales sino que se encuentran al margen de una legalidad que no fue diseñada para ellos y, en consecuencia, bien haríamos si diseñamos y, sobre todo, provocamos una interacción con el Estado y con los demás sectores de la sociedad para adoptar políticas e instrumentos que hagan factible su plena incorporación a esta corriente de apertura.
Se requiere que todos los empresarios logren, a partir de un proceso de “Apertura Institucional” e “Integración Empresarial”, la oportunidad de acceso a la información, a la innovación tecnológica, al crédito, a los mercados nacionales e internacionales de insumos, a las posibilidades de contratación y subcontratación con el Estado y con otras empresas, a los bienes de capital, a la capacitación y a la asistencia técnica, a intervenir en las decisiones del Estado y a disfrutar de los beneficios de una seguridad efectiva.
El fracaso del socialismo marxista, y de su promesa de una sociedad comunista, hizo que los países de Europa del este, la Unión Soviética y China, así como numerosos países de Asia y África y, más recientemente, (quién lo creyera) la propia Cuba, busquen afanosamente, en la libre iniciativa privada, el camino para librarse del atraso en que, durante mucho tiempo, los sumieron el dominio estatal de la economía y el absolutismo del partido único sobre las conciencias individuales. Vivimos una época de intensas aperturas en todos los campos, que corresponde a una vocación por el espíritu de la Libre Empresa. Ésta es una realidad que no podemos ocultar, por eso es muy bienvenida esta política del gobierno Nacional en su propósito de atender al pequeño, de atender al informal. La consolidación de los pequeños empresarios, de los más débiles, mediante un crecimiento que genere empleo y lo capacite para integrarse al sector productivo formal, constituye, sin duda alguna, un paso de avanzada en el proceso de incrementar la capitalización social.