Por: Emilio Escobar Gutiérrez
Los países logran su desarrollo y llegan a un estado de orden y convivencia cuando las leyes se aplican con equidad, rigor y justicia. El subdesarrollo, infortunadamente parece ir de la mano del caos y del irrespeto a los derechos ciudadanos; no obstante, a veces hay destellos de cumplimiento de normas en algunas regiones específicas, como acontece en Pereira.
Donde, tras una tesonera labor de educación, convencimiento y exaltación de cultura ciudadana, hoy se ha llegado a un estado de observancia y acatamiento de las leyes y reglamentos que tienen que ver con el devenir urbano. Sus pobladores conservan carriles de circulación, ceden el paso a quien corresponde, respetan señales de tránsito, equipan sus vehículos con elementos de seguridad exigidos y hasta evitan arrojar desechos a las vías. Es un avance que se da tras muchas campañas y acciones de alcaldes y gobernadores que se propusieron generar el cambio ciudadano. Formar primero, para luego poder aplicar las sanciones a que hubiese lugar con mano firme, pero con criterio y justicia.
En nuestra ciudad, infortunadamente, las autoridades le sacan el quite al cumplimiento de sus obligaciones y solo aplican la ley a ratos y a quienes no tienen influencias. Los guardas de tránsito no aparecen en cruces en los cuales permanentemente son violadas señales de semáforos o pares, ni en vías adyacentes a hospitales o clínicas que normalmente deben permanecer despejadas de vehículos parqueados sobre señales de PROHIBIDO ESTACIONAR o ventorrillos de comestibles que ocupan las calzadas, para permitir el rápido acceso de ambulancias o de quienes llevan personas que requieren una rápida atención médica. Tampoco hacen mucho con las largas filas de taxis que ocupan cuadras enteras en vías adyacentes a centros comerciales o terminales de transporte, seguramente por temor a las respuestas airadas de sus conductores.
Y nada que decir de las calles del centro de la ciudad invadidas por vendedores ambulantes que ocupan el espacio público. Para ellos no hay aplicación de la ley, porque seguramente no tienen como cubrir sanciones ni sobornos, o hacen parte de un sistema de mafias organizadas para rentar andenes y calzadas con el correspondiente ”caramelo” para funcionarios que avalan su negocio.
Si alguien establece formalmente un punto de venta de alimentos en un local apropiado, inmediatamente se verá asediado por una gran cantidad de requisitos y licencias municipales y sanitarias para poder operar. Y eso estaría bien, siempre que no se permitiesen puestos callejeros de jugos, cholados, frutas, frituras y fritangas, sin ningún control sanitario ni físico, amén de su ocupación indebida del espacio público. He conocido de varios casos clínicos de personas afectadas por invasiones bacterianas que terminan en hospitalizaciones y, algunas veces, en cuidados intensivos, por consumir alimentos en tales ventorrillos que poco tienen de asépticos.
Alguna vez, conversando con un Secretario Municipal de Tránsito, le pregunté por qué sus guardas eran tan certeros con la aplicación de multas a quienes olvidan en alguna oportunidad el uso del cinturón de seguridad, pero nada hacían con los camperos que transportan racimos humanos a Siloé o Terrón Colorado literalmente “colgados de la pintura”. Su respuesta fue: “Porque no queremos causar un problema social.” Entonces, en criterio de quienes deben propender por el orden y el cumplimiento del orden, la aplicación de la ley es selectiva, y es por eso que los infractores sin dinero no son obligados a respetar lo establecido. Es igualmente tolerado el que los personajes “notables” o funcionarios del Estado se desplacen por las calles con escoltas sin respetar normas de tránsito, o motociclistas que serpentean irresponsablemente por entre el tráfico vehicular o que paran en medio de pasos peatonales, cuando se deciden a respetar la luz roja (lo mismo hacen las patrullas de policías motorizados), o peatones que desconocen la necesidad de usar cebras o pasos elevados para cruzar vías.
Es urgente que las autoridades municipales inicien un plan de choque para restablecer el orden y el civismo que en alguna época distinguió a nuestra Sultana del Valle, labor que requiere tecnología, profesionalismo, voluntad, conocimiento, idoneidad y sobre todo honorabilidad. ¿Será posible?