La paz, la libertad de prensa y de expresión y las elecciones de Cali.

Por Luz Betty J. De Borrero / Pablo A. Borrero V.

1.-  Con motivo del desescalamiento del conflicto armado se vislumbra en el horizonte la posibilidad real de establecer un cese bilateral del fuego, que generará un clima de confianza y tranquilidad entre las partes negociadoras lo cual contribuirá positivamente a definir los acuerdos en torno a la terminación de dicho conflicto. Este suceso de carácter político no tiene por qué producirse cuando se llegue a los acuerdos suscritos por las partes negociadoras al tenor de la formalidad establecida de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Por otra parte, se ha suscitado un debate sobre la refrendación de los acuerdos, alimentado desde las altas esferas del poder y de algunos sectores políticos que proponen que los acuerdos de La Habana (Cuba) sean “legitimados” a través de un referendo, tal como se previó inicialmente por el gobierno del presidente Santos ó por medio de una consulta popular e incluso mediante la inclusión de una papeleta electoral al estilo de la que se usó para abrir el camino hacia la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

En tratándose de un acto eminentemente político es de iniciativa del presidente Santos el poder de refrendación de los acuerdosque se suscriban entre las partes negociadoras, lo cual podría llevarse a cabo a través de un decreto ejecutivo ó especial del presidente quien encarna el poder Supremo de la Nación como jefe del Estado, Comandante en jefe de las fuerzas armadas y responsable del orden público en la Nación. Desde luego que aquellos aspectos que contengan los acuerdos y que impliquen reformas constitucionales ó legales deben ser tramitados en las instancias respectivas. En este caso somos partidarios de que las reformas se tramiten y aprueben a través de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa y no con base en el Referendo propuesto inicialmente, con el fin de que las fuerzas políticas, sociales y regionales participen en la construcción de la nueva sociedad, en tanto el Estado exprese por igual los intereses comunes de todos los Colombianos.

2.­­- Las libertades de expresión y de prensa tienen sus limitaciones, pues no existen derechos absolutamente ilimitados en tanto que el Estado no puede restringirlas sino dentro del marco de la Constitución, la ley y los tratados internacionales, cuando con su ejercicio se estimule la propaganda sobre la guerra, el odio nacional, racial, religioso, de género, etc., que conduce a la generalización de la violencia y la barbarie, tal como ha sucedido con el atentado contra integrantes del semanario francés Charlie Hebdo, que de tiempo atrás venía ridiculizando la figura del profeta Mahoma, lo cual por supuesto no justifica en modo alguno el asesinato vil y cobarde de los periodistas de dicho semanario a manos de un grupo terrorista y extremista islámico, hecho éste que ha recibido el repudio general de la opinion mundial y que merece nuestra condena contra las restricciones y limitaciones arbitraries e injustificadas impuestas por el Estado contra ambas libertades, como de los excesos de algunos periodistas que abusando de la libertad de prensa fomentan de alguna manera la discriminación y la violencia.

3.-  No obstante la importancia que tiene escoger de una lista de personas, quiénes deben estar dispuestas a representar y defender los intereses comunes de los caleños  y vallecaucanos, lo fundamental en tratándose de la lucha politico electoral, consiste en trabajar por unir y organizar las fuerzas políticas, sociales y regionales en torno a un programa único de acción, que nos permita avanzar por los caminos de la paz con justicia social, la democratización del poder local y regional y la consecusión del bienestar general para amplios sectores de la población que han sido excluídos de la dirección, manejo y control de los asuntos del Estado y de la sociedad.

Dicho programa debe guardar relación con los intereses y necesidades más sentidas de los caleños y vallecaucanos relacionados no solo con las propuestas dadas a conocer a través de este espacio virtual en materia urbanística, construcción de infraestructura vial, protección del medio ambiente, seguridad, reforma administrativa, etc,. sino que además debe referirse a promover la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios ligados al fortalecimiento y desarrollo de la industria, el empleo, vinculados a los procesos de producción alimentaria y de servicios complementarios. Pero además es pertinente garantizar la inversion social de manera estable y permanente en educación, salud, vivienda, recreación, etc., en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

En este sentido los candidatos a los cuerpos colegiados, alcaldía y gobernación deben tener una vision integral y de conjunto de los problemas que afectan a la población a diferencia de lo que viene sucediendo con aquellos a quienes sólo les interesa promover y desarrollar los aspectos urbanísticas casi siempre para beneficio de sectores privilegiados de la ciudad y de transporte masivo que poco ó nada han servido para resolver los problemas de la movilidad.

Finalmente es indispensable que los candidatos entiendan que la función pública no puede reducirse a implementar políticas de corte asistencialista que alimentan el clientelismo y la politiquería desviando los recursos públicos de las necesidades comunes de sus habitantes.

Veeduría ciudadana por la democracia y la convivencia social