Por: Arturo Torres (Ladera Al Aire)
Un ciudadano del común puede entender que el desarrollo de la ciudad es dinámico y que en virtud de su acelerado crecimiento requiere de visión, esfuerzo y creatividad, para mantener siempre una adecuada infraestructura vial. Una que sea consecuente con la demanda que la densificación del transito automotor de nuestra ciudad impone.
Podríamos deducir que cada proyecto que se desarrolle en un determinado territorio estará orientado a mejorar la calidad de vida del ciudadano e implicará un sacrificio de algún segmento de la población y por ello requiere de un esquema básico de implantación que debe aprobar la entidad planificadora de la ciudad.
Hemos acudido a este preámbulo con un criterio propositivo para exponer y denunciar, ante la sociedad civil de Cali, el trato descomedido que recibe la comunidad del Barrio Lourdes; así cómo otros sectores adyacentes que forman parte de la jurisdicción de la Comuna 18; por parte la administración municipal en particular de la Secretaria de Infraestructura Vial y Valorización y el contratista-concesionario de las megaobras – Sur de la ciudad. Esto en lo que guarda relación con la ampliación y reconstrucción de la calle 1ª Oeste entre carreras 70 y 80, proyecto que se encuentra incluido dentro del paquete de la valorización de la municipalidad y que afecta a muchos predios.
La aplicación de estos criterios administrativos sería bien recibida en la medida que el ciudadano tuviese la oportunidad de interlocutar con funcionarios investidos de un alto concepto de responsabilidad y sensibilidad, en los cuales prevalezca el respeto para los pobres, que se han convertido en el objetivo predilecto de los tecnócratas y de mal llamados dirigentes de la ciudad, que cometen toda clase de atropellos en contra de estas familias y su precario patrimonio económico, al querer expropiar sus predios, violando muchos derechos constitucionales.
Este comentario surge a partir de una controvertida decisión de la administración de demoler una indeterminada cantidad de viviendas en este populoso sector; lo cual se requiere para proceder a la ejecución del contrato que corresponde para la Ampliación y Prolongación de la Avenida Circunvalar al sur de la ciudad.
Los tecnócratas de carrera, los causantes del colapso social y el desgreño administrativo que vive la ciudad, no entienden que las familias sienten un fuerte arraigo hacia el territorio donde han edificado sus casas y sus vidas, el lugar donde concibieron y criaron a sus hijos y nietos; el territorio donde cumplieron sus sueños y hoy sueñan su futuro. Por eso se resisten cuando los quieren obligar a abandonar su hogar, el territorio al que los unen inalterables lazos de afecto en su estadio citadino.
El escenario jurídico que se refiere a la prevalencia del interés general sobre el particular (que sólo aplica para los de ruana) hace “inevitable” la relocalización de algunas viviendas. El manejo de este tipo de situaciones hace necesaria una alta dosis de respeto y sensibilidad con la gente. Para evitar el abuso y la falta de seriedad, no podemos ignorar que en la totalidad de los casos estas viviendas representan el único patrimonio de grandes núcleos familiares. Familias que llegaron a estos terrenos cuando eran potreros inhóspitos que ellos transformaron con grandes esfuerzos, generando procesos de progreso y convirtiendolos en escenarios amables en términos de convivencia. Fue su esfuerzo conjunto el que les dio acceso a los servicios públicos y desarrollos viales, a dotaciones de servicios educativos y salud, cuando su referente de valor en el mercado inmobiliario era minimo.
La comunidad del barrio Lourdes y las fuerzas vivas de la comuna No. 18 lideradas por un ama de casa; la señora Gloria Jiménez (presidente) y todos los dignatarios de la Junta de acción comunal se encuentran alarmados y en pie de lucha. Asisten, gestionan sin tregua y denuncian de de todas las formas y ante todas las instancias, por todos los medios posibles, para que este proyecto no los convierta a ella y sus vecinos en chivos expiatorios de un proceso irregular y los conduzca a una ruina total.
Sólo demandan del Estado un trato razonable que se refleje en una indemnización justa, en términos de equidad, para que esas familias puedan adquirir un tipo de vivienda que les permita continuar con su ciclo vital sin desmejorar en lo mas mínimo la calidad de vida a la cual se han ganado el derecho a base de esfuerzos e ingentes sacrificios. Esta es una mínima exigencia legal, que el estado representado por el Municipio y los contratistas–concesionarios no han querido reconocer, pero la comunidad no se va a dejar vencer.
El derecho fundamental a un debido proceso de expropiación debe ir de la mano con el derecho social a la vivienda digna. El tema no es de dinero, es de solución al problema de su hábitat.
El desarrollo no debe atropellar a la vivienda, y si no hay otra solucion, debe el estado reconocer el dereho con la indemnizacion que permita lograr una vivienda de las mismas condiciones.