La ciudad que no queremos

Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero

Cali es una ciudad que ha crecido espontáneamente desde el punto de vista de la expansión territorial y poblacional al compás de los planes parciales de desarrollo urbanístico, ligados con los negocios de tierras y de construcción de diferentes tipos y modalidades, que poco nada han contribuido a reducir el déficit habitacional hoy estimado en mas de 120 mil viviendas ni de resolver los problemas derivados del desarrollo urbanístico atinentes a la movilidad, el espacio público, etc.

En todo este proceso de urbanización, los proyectos de desarrollo urbanístico han sido impuestos a la comunidad casi siempre en detrimento del interés general, tal como ha sucedido con aquellos que aparecen consignados en el POT con lo que se demuestra que las cosas en Cali no cambiarán sustancialmente, en tanto, continuarán aplicándose las mismas políticas del pasado con algunos cambios característicos de un urbanismo deformado y hostil para el común de las gentes que viven y padecen la ciudad.

Otro tanto sucede con algunos aspectos de especial trascendencia a los cuales se hace referencia en los estudios y análisis presentados por “Cali cómo vamos” que muestran que la ciudad mantiene los índices más altos de inseguridad en materia de homicidios y otros delitos, al tiempo que los ciudadanos no confían en las autoridades ni en la justicia.

Uno de los aspectos relacionados con el “progreso urbanístico” y del cual tanto se ufanan los tecnócratas de las diferentes administraciones, tiene que ver con la movilidad, con políticas que como el pico y placa estimulan y promueven el incremento de automóviles y motos, no obstante los discursos de los funcionarios sobre la necesidad de privilegiar el transporte público, cuya oferta resulta insuficiente para atender la demanda creciente de pasajeros.

Por otra parte, el problema del agua se ha convertido en un verdadero reto para el Gobierno Municipal, que en el caso de Cali afecta a más de 800.000 habitantes y frente al cual se pretende introducir soluciones peregrinas de extracción del preciado líquido de los pozos artesianos existentes en Aguablanca, cuya potabilidad deja mucho que desear debido a la carga de minerales que contiene el agua.

A todo lo anterior se suman las altas tasas de informalidad laboral y desempleo, para las cuales no existe ningún proyecto productivo de creación de empleos dignos y estables como base esencial de la existencia y desarrollo de la comunidad.

Llama la atención que los 21 precandidatos a la Alcaldía de Cali y otros tantos al Concejo de la ciudad, Gobernación del Valle y Asamblea departamental no promuevan una discusión a fondo sobre  estos asuntos ni tampoco se refieran al articulado del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que contiene profundas reformas en materia de avalúos catastrales e impuesto predial, servicios públicos domiciliarios, transporte masivo, manejo de recursos para la salud, minería extractiva teniendo en los corregimientos minas carboníferas en explotación, etc., lo cual traerá consecuencias negativas a los caleños que tendrán que pagar mayores impuestos territoriales como el predial, valorización, plusvalía para quien pretenda mejorar su inmueble, peajes por congestión, etc. Cuando las obras se financian con recursos propios del municipio estos se nutren con los impuestos a los caleños.

Los gobernantes no pueden continuar improvisando políticas, ni aplicar su voluntad al diseñar la ciudad. Es necesario conocer los programas de quienes aspiran a los cargos de alcalde y gobernador para discutirlos entre todos los sectores y clases sociales, culturales, étnicas y conocer las posiciones de los aspirantes a concejales y diputados que no pueden continuar con frases ambiguas en las que todo cabe y los que pierden son el común de los caleños.

La construcción de la ciudad que queremos la mayoría de los caleños no depende simplemente de deseos de sus habitantes y dirigentes. En este caso es preciso pensar y actuar en procura de un cambio de las políticas públicas que nos rigen, introduciendo una serie de reformas de carácter económico, político, social, administrativo, cultural, ambiental, etc., que expresen por igual los intereses y necesidades comunes de los caleños poseedores del derecho inalienable de participar y decidir sobre el futuro de la ciudad y de sus vidas, malogradas en buena parte por la prevalencia de los intereses privados, la explotación económica del trabajo y la discriminación social, prácticas inspiradas en los principios de lucro y de obtención de máximas ganancias, que han introducido en la conciencia de los caleños el egoísmo como norma de conducta, que conduce al individualismo percibido por sus defensores como expresión de la libertad de empresa, de la libre iniciativa, tomadas como un fin en sí mismas, cuyo ejercicio demanda de ciertos medios para su cumplimiento en cabeza de las clases dirigentes que utilizan a los ciudadanos en la consecución del fin principal consistente en la obtención de ganancias sobre la cual se construye el andamiaje de la moralidad neo-liberal. Se entrega lo público a cambio de migajas mediante concesiones, alianzas público-privadas, peajes, etc., por períodos que van hasta los 30 años y se vende la idea a los ciudadanos de que todas esas Megaobras no les afectarán social, económica, ambiental y culturalmente.

En medio de semejante panorama, ciertos valores como la amistad, la solidaridad y la generosidad, tan solo se dispensan en función del dinero que todo lo compra.

En estas circunstancias lo realmente moral no parece diferenciarse de lo inmoral o amoral, y el caleño de hoy no aspira a otra cosa que a tener éxito en sus negocios, a ser un triunfador sobre la base de acumular riquezas erigidas como el valor supremo de la sociedad.

Con esta visión y prácticas no se puede construir una sociedad ni la ciudad que queremos. Para lograr un fin distinto debemos oponernos a este proceso de descomposición, al tiempo que el pueblo caleño al frente de sus dirigentes deberá sustentar su lucha por un cambio social y del modelo de administración, basado en aquellas costumbres, principios morales y democráticos que generen confianza y permitan afianzar la construcción de la nueva ciudad apoyados en la razón, el trabajo, el progreso social y el bienestar general para todos en contra de las costumbres y prácticas políticas y morales contrarias a la dignidad del ser humano que representan y defienden las administraciones y el actual sistema político y social que nos rige.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL